Caguas, Puerto Rico, miércoles, 15 de febrero de 2012 – “Mientras el gobierno insista en fomentar soluciones superficiales basadas en pensamientos religiosos y sexistas, la violencia hacia las mujeres encontrará aliados en un sistema en el que los funcionarios se sienten con el derecho a ignorar los protocolos de acción”, expresó Proyecto Matria en la mañana de hoy.
“Cuando el gobierno anunció con bombos y platillos la aprobación de los grilletes electrónicos para casos de Ley 54, nosotras advertimos que a pesar de que la idea era buena, si no existía un sistema de apoyo que respondiera a las situaciones de emergencia, sería una pérdida de tiempo. Lamentablemente, el caso de Wanda I. Camacho demostró que teníamos razón”, expresó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Matria.
Según la organización, los pasados años se han caracterizado por acciones gubernamentales erráticas y equivocadas para atajar la violencia hacia las mujeres.
“Desde la aprobación de la Ley 54 en el año 1989, es un hecho que los funcionarios a cargo de su implantación en diversas agencias han mostrado resistencia a aplicarla efectivamente. Aun así, en momentos en los que el gobierno ha asumido una política pública clara de cero tolerancia a la violencia y de un escrutinio constante de sus propias acciones, se ha logrado que el sistema funcione y mejore. Sin embargo, desde el año 2009 no existe una política clara al respecto”, explicó la abogada. Las políticas y estrategias definidas desde modelos de trabajo que reconocen la desigualdad como una de las causas principales de la violencia de género deben ser la base de toda campaña pública, protocolos y acciones de gobierno.
Las campañas de “Promesa de Hombre”, la del Caballero de la Salsa y aún la de “Pero Hoy no es el Día” sólo logran trivializar el problema y dar la impresión de que la desigualdad y la violencia se pueden erradicar sin educación, sin procesos colectivos y desde el mero pensamiento positivo. A esto se le suma la fuerte influencia cristiana conservadora que ha permeado gran parte de las acciones gubernamentales.
“No podemos promover estereotipos de género y abandonar modelos de trabajo exitosos y luego esperar que los funcionarios de agencia actúen efectivamente para prevenir las muertes y agresiones hacia las mujeres. Al no fiscalizarse adecuadamente la implantación de la Ley 54 y al dar la impresión de que el problema no es grave-porque cada cual lo puede resolver orando o desde el ámbito privado- damos carta blanca a los funcionarios para desentenderse de sus deberes y los agresores para atacar a las mujeres. Ambos se sienten impunes ante un sistema que desvaloriza a las mujeres”, concluyó Pagán.
¡Apoya a Matria con tu donativo!
15 de febrero de 2012
13 de febrero de 2012
Candela
"Mientras unos terroristas de estado destruyen nuestro futuro, sus redes de apoyo nos ponen en las manos pancartas rosadas para que pensemos que aislados, apagados y fríos somos capaces de salvar el día." [Lee más en Cruce]
10 de febrero de 2012
Acompáñanos a tercer taller de la Ruta de las Mujeres
9:00AM
en Matria de Caguas
Calle Jiménez Sicardó #31
Reserva espacio:
787-704-2222
René Pérez Joglar e Ileana Cabra Joglar de Calle 13, se unen a Proyecto Matria y Prensa Comunitaria para enviar un mensaje en contra de la violencia doméstica
Caguas, Puerto Rico, viernes, 3 de febrero de 2012 - “El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera”. Así se expresan René Pérez Joglar e Ileana Cabra Joglar en las cuñas radiales contra la violencia doméstica de Proyecto Matria y Prensa Comunitaria que se transmitirán a partir del 2 de febrero a través de radioemisoras de toda la Isla. La Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Matria explicó que esta campaña radial pretende ser parte de las estrategias de prevención de muertes de mujeres en el año 2012 que acaba de comenzar. “Ya vimos demasiadas muertes de mujeres en el año 2011 y el 2012 no comenzó bien. La ola de feminicidios se llevó a 39 mujeres en 2011, y de éstas, 32 fueron asesinadas en eventos de violencia doméstica”, expresó Pagán. Según ésta, la consigna de todo el país debe ser “¡Ni una más!”.
Por su parte, Carla Minet, directora ejecutiva de Prensa Comunitaria explicó la importancia de que los medios de comunicación se conviertan en espacios que repliquen y difundan mensajes de alto a la violencia. “Sabemos que los mensajes de los medios comerciales se orientan más bien al consumo, pero felicitamos a las estaciones radiales que ya se han sumado a esta iniciativa e invitamos a otras a que se apropien de este mensaje, que es lo que en realidad necesita el país todo el año de parte de sus medios de comunicación”.
La idea de grabar las cuñas radiales junto a los integrantes de Calle 13 es parte de las estrategias de prevención que trabaja Proyecto Matria. La organización ha expresado consistentemente que el antídoto a la violencia de género es la equidad y que es vital comprometer figuras prominentes con un mensaje que apoye la seguridad y desarrollo de las mujeres. “Pensamos en Calle 13 porque sabemos que nuestra gente les escucha y que tienen un gran compromiso con la justicia social. Para que haya verdadera justicia social, hay que adelantar la equidad de ese 52% de nuestra población que somos las mujeres”, añadió Pagán.
26 de enero de 2012
Nota aclaratoria sobre nota periodística
Declaración para publicación y difusión inmediata
Caguas, Puerto Rico, jueves, 26 de enero de 2012
En la mañana de hoy, se publicó una nota periodística en el rotativo Primera Hora. La misma, titulada “Fuerza de voluntad contra la violencia” destaca de manera terrible el testimonio de una mujer que alegó haber recibido maltrato institucional de parte de Proyecto Matria. Sus alegaciones, sin embargo, son falsas y son alimentadas desde una clara intención de hacer daño a la imagen y reputación de Proyecto Matria.
Un dato que salta a la vista es que el testimonio fue recogido en el contexto de la campaña (mal llamada “movimiento”) Pero hoy no es el día. ¿Por qué se recoge un testimonio tan negativo en medio de una supuesta campaña positiva? ¿Por qué se ataca a Proyecto Matria a pesar de que desde su fundación ha sido una defensora incansable de los derechos humanos de las mujeres de la Isla y una voz clara y vertical de denuncia ante las prácticas teocráticas y sexistas del gobierno? Pues precisamente por eso, por nuestra disidencia fundamentada y por nuestra verticalidad.
Durante los pasados siete años, Matria ha sido una organización claramente comprometida con el bienestar de las mujeres de nuestra Isla. Cuando una mujer es aceptada como participante de Matria, entra a un espacio seguro en el cual nosotras protegeremos a brazo partido su seguridad, su vida y su dignidad como ser humana. Nuestro modelo de trabajo es el resultado de estudio, de la experiencia y de la observación directa de la realidad de mujeres de muy bajos ingresos que han tenido que convivir con la violencia y la pobreza.
Trabajamos en un espacio en el cual NO juzgamos a las mujeres y en el que además, creemos plenamente en su potencial para sobreponerse a sus circunstancias. Esa fe en su potencial no es ciega. Sabemos que a nivel de estructura social existen circunstancias graves de desigualdad y de pobreza que se convierten en una alta pared que se interpone en su camino hacia el pleno desarrollo. Por eso, no somos una organización asistencialista y sí somos profesionales que orientamos, apoyamos y acompañamos a las mujeres en sus procesos de desarrollo. También alzamos nuestra voz, sin miedo, cuando identificamos acciones gubernamentales o privadas de corte sexista, machista o fundamentalista. Nuestro trabajo trasciende a las participantes pues las entiende como parte de un sistema que debe cambiar para que ellas puedan tener más y mejores oportunidades de vida.
No tenemos miedo al gobierno. No vendemos nuestra conciencia por un donativo insulso. No negociamos nuestros valores y lo que creemos correcto por obtener una foto de portada junto a un político de turno. Somos fieles a nuestra misión y eso les molesta a algunas personas, en especial a las del gobierno y algunos líderes de sector religioso que han vendido a su dios a cambio de poder y de dinero.
Esos mismos líderes de gobierno, y muchos de esos líderes religiosos están presentes en la campaña mediática “Pero hoy no es el día”. No es de extrañar que esta historia se publique en el contexto del lanzamiento de la misma. “Destruye la moral de tu oponente y destruyes su causa”, es la estrategia de los sectores que tradicionalmente han mantenido un control de los medios y de los recursos del país. Hoy, con esta noticia, vimos el lanzamiento de una de esas pedradas que pretenden quebrar el tranquilo fluir de nuestro trabajo por la paz y la equidad.
En cuanto a la señora Jannette Rodríguez, sólo podemos decir que mintió. En nuestra organización jamás se recomendaría a una participante poner en riesgo su seguridad y revelar a la parte agresora su información. Tampoco hacemos promesas que no cumplimos. En su estancia en Matria, la Sra. Rodríguez recibió beneficios económicos directos superiores a los $5,000, consejería sicosocial, talleres, coordinaciones de trabajo, estudio y licencia profesional y más. Su salida del proyecto ocurrió debido a su incumplimiento con el plan de trabajo que ella misma elaboró y con el cual se había comprometido al iniciar nuestro programa. No tenemos una explicación para su testimonio, salvo, quizás, una falta de aceptación por su parte en cuanto a la responsabilidad que debió asumir para aprovechar al máximo nuestros servicios.
Sin embargo, otras cientos de participantes de Matria son testimonio de lo contrario. Son testimonios vivientes de superación, de logros, de ganas de ser libres y felices, de amor y de solidaridad. La evidencia de nuestro trabajo son ellas mismas y por ellas es que día a día trabajamos.
Caguas, Puerto Rico, jueves, 26 de enero de 2012
En la mañana de hoy, se publicó una nota periodística en el rotativo Primera Hora. La misma, titulada “Fuerza de voluntad contra la violencia” destaca de manera terrible el testimonio de una mujer que alegó haber recibido maltrato institucional de parte de Proyecto Matria. Sus alegaciones, sin embargo, son falsas y son alimentadas desde una clara intención de hacer daño a la imagen y reputación de Proyecto Matria.
Un dato que salta a la vista es que el testimonio fue recogido en el contexto de la campaña (mal llamada “movimiento”) Pero hoy no es el día. ¿Por qué se recoge un testimonio tan negativo en medio de una supuesta campaña positiva? ¿Por qué se ataca a Proyecto Matria a pesar de que desde su fundación ha sido una defensora incansable de los derechos humanos de las mujeres de la Isla y una voz clara y vertical de denuncia ante las prácticas teocráticas y sexistas del gobierno? Pues precisamente por eso, por nuestra disidencia fundamentada y por nuestra verticalidad.
Durante los pasados siete años, Matria ha sido una organización claramente comprometida con el bienestar de las mujeres de nuestra Isla. Cuando una mujer es aceptada como participante de Matria, entra a un espacio seguro en el cual nosotras protegeremos a brazo partido su seguridad, su vida y su dignidad como ser humana. Nuestro modelo de trabajo es el resultado de estudio, de la experiencia y de la observación directa de la realidad de mujeres de muy bajos ingresos que han tenido que convivir con la violencia y la pobreza.
Trabajamos en un espacio en el cual NO juzgamos a las mujeres y en el que además, creemos plenamente en su potencial para sobreponerse a sus circunstancias. Esa fe en su potencial no es ciega. Sabemos que a nivel de estructura social existen circunstancias graves de desigualdad y de pobreza que se convierten en una alta pared que se interpone en su camino hacia el pleno desarrollo. Por eso, no somos una organización asistencialista y sí somos profesionales que orientamos, apoyamos y acompañamos a las mujeres en sus procesos de desarrollo. También alzamos nuestra voz, sin miedo, cuando identificamos acciones gubernamentales o privadas de corte sexista, machista o fundamentalista. Nuestro trabajo trasciende a las participantes pues las entiende como parte de un sistema que debe cambiar para que ellas puedan tener más y mejores oportunidades de vida.
No tenemos miedo al gobierno. No vendemos nuestra conciencia por un donativo insulso. No negociamos nuestros valores y lo que creemos correcto por obtener una foto de portada junto a un político de turno. Somos fieles a nuestra misión y eso les molesta a algunas personas, en especial a las del gobierno y algunos líderes de sector religioso que han vendido a su dios a cambio de poder y de dinero.
Esos mismos líderes de gobierno, y muchos de esos líderes religiosos están presentes en la campaña mediática “Pero hoy no es el día”. No es de extrañar que esta historia se publique en el contexto del lanzamiento de la misma. “Destruye la moral de tu oponente y destruyes su causa”, es la estrategia de los sectores que tradicionalmente han mantenido un control de los medios y de los recursos del país. Hoy, con esta noticia, vimos el lanzamiento de una de esas pedradas que pretenden quebrar el tranquilo fluir de nuestro trabajo por la paz y la equidad.
En cuanto a la señora Jannette Rodríguez, sólo podemos decir que mintió. En nuestra organización jamás se recomendaría a una participante poner en riesgo su seguridad y revelar a la parte agresora su información. Tampoco hacemos promesas que no cumplimos. En su estancia en Matria, la Sra. Rodríguez recibió beneficios económicos directos superiores a los $5,000, consejería sicosocial, talleres, coordinaciones de trabajo, estudio y licencia profesional y más. Su salida del proyecto ocurrió debido a su incumplimiento con el plan de trabajo que ella misma elaboró y con el cual se había comprometido al iniciar nuestro programa. No tenemos una explicación para su testimonio, salvo, quizás, una falta de aceptación por su parte en cuanto a la responsabilidad que debió asumir para aprovechar al máximo nuestros servicios.
24 de enero de 2012
12 de diciembre de 2011
Flying Pigs
Hay momentos en que amar al prójimo se hace difícil. Hay seres que no inspiran amor. Personas que nos hacen temer que los seres humanos sean incapaces de sobreponerse a sus prejuicios y odios tribales. De ese temor, muy fácilmente podríamos pasar al odio… Pero ¿qué futuro tendría la raza humana si todas y todos temiéramos y odiáramos? [lea el resto de la columna en Brujas y Rebeldes, el blog de nuestra directora ejecutiva]
7 de diciembre de 2011
Código Penal: Carta enviada por Matria a la Cámara de Representantes
7 de diciembre de 2011
Hon. Jenniffer González
Presidenta de Cámara de Representantes
de Puerto Rico
(vía correo electrónico)
Cc. Todxs lxs representantes de la Cámara
Representante González:
Reciba un cordial saludo desde Proyecto Matria.
Le escribimos como parte de nuestras gestiones de seguimiento al proceso legislativo que se sigue con el Código Penal de Puerto Rico y el P. del S. 2021 recientemente aprobado en el Senado de Puerto Rico. Como organización dedicada a trabajar por la equidad de géneros, económica y social de nuestra Isla, nos sentimos obligadas a dirigirnos a usted y a todxs lxs demás representantes para expresar nuestro repudio a dicho proyecto de ley.
Un Código Penal representa, más que cualquier otra cosa, la posición que asume un Estado ante determinadas conductas que se consideran lesivas al bienestar, la paz y la convivencia de un país. Las conductas que se tipifican como delito, así como las penas impuestas o los agravantes que se definen, expresan los valores del país y su compromiso con la integridad y dignidad de su ciudadanía. De ahí que resulte imperativo evaluar este instrumento legal desde una perspectiva que balancee el derecho de las partes acusadas y el de las víctimas desde un marco de derechos humanos.
El Código Penal aprobado en el Senado tiene muchos más defectos que los reseñados en la prensa del país a raíz de la denuncias hechas por distintos grupos de interés. Al leer el documento en su totalidad nos podemos percatar de cómo se ha fragmentado la política pública relativa al derecho a la vida e intimidad de las personas en aras de complacer a sectores religiosos que no han logrado superar sus prejuicios en contra de sectores como el de las mujeres, la comunidad LHBTTQ y aún las minorías étnicas.
Asuntos tan diversos como la tipificación del adulterio y el aborto como delitos, así como la tachadura consistente de la palabra “género” en el entirillado del proyecto, reafirman la idea de que existe una agenda legislativa y gubernamental en contra de los derechos humanos de las mujeres. Y aquí, hablo de una agenda porque todas sabemos que lo que se incluya o se tache del Código Penal tiene repercusiones en otras leyes, reglamentos e incluso acciones de las agencias de gobierno. Esas repercusiones se extienden, además, al ámbito social pues se envía al país un mensaje terriblemente negativo: “La definición de moral de ciertos grupos religiosos le será impuesta aún a quienes no comparten esas creencias. Quien se aparte de la moral, merece ser víctima de delitos”. ¿Cómo es posible que un estado laico se acepte estas prácticas?
En este momento, el P. del S. 2021 debe ser rechazado en su totalidad. Sus defectos estructurales y conceptuales hacen imposible una aprobación a la ligera en medio de una sesión extraordinaria. Pensar que puede corregirse con enmiendas que acallen a quienes protestamos es una ilusión. Aprobar a la carrera un proyecto defectuoso sólo provocará que el mismo imponga al país un Código Penal endeble que servirá de poco para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas.
Partiendo de que su deber y el de lxs demás representantes es trabajar para el bienestar común del país, y consciente de que la Legislatura tienen el deber de atender los reclamos de justicia de sus representadxs, le exigimos que detengan de inmediato el proceso de aprobación del P. del S. 2021 y que rechacen este intento de entronizar la desigualdad social en nuestra Isla.
Hon. Jenniffer González
Presidenta de Cámara de Representantes
de Puerto Rico
(vía correo electrónico)
Cc. Todxs lxs representantes de la Cámara
Representante González:
Reciba un cordial saludo desde Proyecto Matria.
Le escribimos como parte de nuestras gestiones de seguimiento al proceso legislativo que se sigue con el Código Penal de Puerto Rico y el P. del S. 2021 recientemente aprobado en el Senado de Puerto Rico. Como organización dedicada a trabajar por la equidad de géneros, económica y social de nuestra Isla, nos sentimos obligadas a dirigirnos a usted y a todxs lxs demás representantes para expresar nuestro repudio a dicho proyecto de ley.
Un Código Penal representa, más que cualquier otra cosa, la posición que asume un Estado ante determinadas conductas que se consideran lesivas al bienestar, la paz y la convivencia de un país. Las conductas que se tipifican como delito, así como las penas impuestas o los agravantes que se definen, expresan los valores del país y su compromiso con la integridad y dignidad de su ciudadanía. De ahí que resulte imperativo evaluar este instrumento legal desde una perspectiva que balancee el derecho de las partes acusadas y el de las víctimas desde un marco de derechos humanos.
El Código Penal aprobado en el Senado tiene muchos más defectos que los reseñados en la prensa del país a raíz de la denuncias hechas por distintos grupos de interés. Al leer el documento en su totalidad nos podemos percatar de cómo se ha fragmentado la política pública relativa al derecho a la vida e intimidad de las personas en aras de complacer a sectores religiosos que no han logrado superar sus prejuicios en contra de sectores como el de las mujeres, la comunidad LHBTTQ y aún las minorías étnicas.
Asuntos tan diversos como la tipificación del adulterio y el aborto como delitos, así como la tachadura consistente de la palabra “género” en el entirillado del proyecto, reafirman la idea de que existe una agenda legislativa y gubernamental en contra de los derechos humanos de las mujeres. Y aquí, hablo de una agenda porque todas sabemos que lo que se incluya o se tache del Código Penal tiene repercusiones en otras leyes, reglamentos e incluso acciones de las agencias de gobierno. Esas repercusiones se extienden, además, al ámbito social pues se envía al país un mensaje terriblemente negativo: “La definición de moral de ciertos grupos religiosos le será impuesta aún a quienes no comparten esas creencias. Quien se aparte de la moral, merece ser víctima de delitos”. ¿Cómo es posible que un estado laico se acepte estas prácticas?
En este momento, el P. del S. 2021 debe ser rechazado en su totalidad. Sus defectos estructurales y conceptuales hacen imposible una aprobación a la ligera en medio de una sesión extraordinaria. Pensar que puede corregirse con enmiendas que acallen a quienes protestamos es una ilusión. Aprobar a la carrera un proyecto defectuoso sólo provocará que el mismo imponga al país un Código Penal endeble que servirá de poco para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas.
Partiendo de que su deber y el de lxs demás representantes es trabajar para el bienestar común del país, y consciente de que la Legislatura tienen el deber de atender los reclamos de justicia de sus representadxs, le exigimos que detengan de inmediato el proceso de aprobación del P. del S. 2021 y que rechacen este intento de entronizar la desigualdad social en nuestra Isla.
Código Penal: Fuerte y encarnizada lucha de PNPs en el Senado para ganarse el Premio de las Joyas Machistas de la Política Puertorriqueña
Caguas, Puerto Rico, martes, 6 de diciembre de 2011- “A menos de un mes de abrirse las nominaciones para las Joyas Machistas, ya en el Senado se están esforzando para que le demos el premio a la delegación PNP completa”, declaró la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora de Matria, al reaccionar a la versión del Código Penal aprobada en la cámara alta.
Según la directora ejecutiva de Proyecto Matria, tanto la versión aprobada del Código Penal como las expresiones del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz son una afrenta a la dignidad y los derechos humanos de las mujeres, la comunidad LHBTTQ y los grupos como la comunidad dominicana. “Más allá de un sistema de gobierno protector de nuestros derechos, seguimos chocando con un gobierno del cual nos vemos obligadas a defendernos”, expresó Pagán. Esta explicó que no sólo la enmienda al Art. 66 atenta contra grupos como las mujeres, sino que hay otros artículos que también crean espacios para el discrimen y el carpeteo.
“En el Capítulo V, dedicado a los delitos contra los derechos civiles, se eliminaron importantes medidas de protección como la prohibición del discrimen por género que fue tachada del Artículo 180 (Originalmente el Artículo 177 de PS 2021)”, añadió la abogada. Ésta explicó que de manera consistente se tachó la palabra “género” de distintos artículos del Código aprobado. “Parece que la palabra género sigue causando terror a ciertos sectores religiosos del país y que en el Senado carecen de la valentía necesaria para actuar a favor de la justicia y de los derechos de las mujeres y de otros sectores vulnerables”.
“Tampoco se nos han olvidado los artículos sobre el aborto y el intento mezquino de limitar el derecho de las mujeres a servicios seguros y legales para terminar un embarazo”, dijo Leila Negrón, presidenta de la Junta de Matria. Según Matria, el Código Penal aprobado debe ser entendido como parte de una estrategia más amplia que busca limitar los derechos civiles de la ciudadanía y dar una carta blanca a las autoridades para carpetear, agredir, discriminar y hasta asesinar a personas pertenecientes a sectores vulnerables. Esta política pública nacida de alianzas con sectores fundamentalistas- tal y como ha quedado claramente evidenciado en las expresiones de algunos líderes de ese sector- fomenta un clima de intolerancia y violencia social hacia las mujeres, la comunidad LHBTTQ y la dominicana.
“En el día de hoy estaremos dirigiéndonos a las y los representantes de la Cámara para exigirles que actúen a favor de los derechos humanos y la equidad. Ese es su deber. Exhortamos a que el resto de país mire lo que está pasando y se dé cuenta de que esto les toca de cerca. Llamen a sus legisladores/as y exíjanles acciones concretas para erradicar la violencia social”, expresó Negrón.
Ambas líderes explicaron que precisamente por este tipo de acción es que se creó en Matria el proyecto de La Ruta de las Mujeres. “No podemos darnos el lujo de mantener a las mujeres ajenas a los procesos democráticos y políticos. Para que estas cosas dejen de pasar, las mujeres y el país deben responder con acciones más afirmativas a las expresiones y acciones de sus representantes, senadores y gobernantes”, concluyeron. Más información de La Ruta de las Mujeres está disponible en www.larutadelasmujeres.com.
Según la directora ejecutiva de Proyecto Matria, tanto la versión aprobada del Código Penal como las expresiones del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz son una afrenta a la dignidad y los derechos humanos de las mujeres, la comunidad LHBTTQ y los grupos como la comunidad dominicana. “Más allá de un sistema de gobierno protector de nuestros derechos, seguimos chocando con un gobierno del cual nos vemos obligadas a defendernos”, expresó Pagán. Esta explicó que no sólo la enmienda al Art. 66 atenta contra grupos como las mujeres, sino que hay otros artículos que también crean espacios para el discrimen y el carpeteo.
“En el Capítulo V, dedicado a los delitos contra los derechos civiles, se eliminaron importantes medidas de protección como la prohibición del discrimen por género que fue tachada del Artículo 180 (Originalmente el Artículo 177 de PS 2021)”, añadió la abogada. Ésta explicó que de manera consistente se tachó la palabra “género” de distintos artículos del Código aprobado. “Parece que la palabra género sigue causando terror a ciertos sectores religiosos del país y que en el Senado carecen de la valentía necesaria para actuar a favor de la justicia y de los derechos de las mujeres y de otros sectores vulnerables”.
“Tampoco se nos han olvidado los artículos sobre el aborto y el intento mezquino de limitar el derecho de las mujeres a servicios seguros y legales para terminar un embarazo”, dijo Leila Negrón, presidenta de la Junta de Matria. Según Matria, el Código Penal aprobado debe ser entendido como parte de una estrategia más amplia que busca limitar los derechos civiles de la ciudadanía y dar una carta blanca a las autoridades para carpetear, agredir, discriminar y hasta asesinar a personas pertenecientes a sectores vulnerables. Esta política pública nacida de alianzas con sectores fundamentalistas- tal y como ha quedado claramente evidenciado en las expresiones de algunos líderes de ese sector- fomenta un clima de intolerancia y violencia social hacia las mujeres, la comunidad LHBTTQ y la dominicana.
“En el día de hoy estaremos dirigiéndonos a las y los representantes de la Cámara para exigirles que actúen a favor de los derechos humanos y la equidad. Ese es su deber. Exhortamos a que el resto de país mire lo que está pasando y se dé cuenta de que esto les toca de cerca. Llamen a sus legisladores/as y exíjanles acciones concretas para erradicar la violencia social”, expresó Negrón.
Ambas líderes explicaron que precisamente por este tipo de acción es que se creó en Matria el proyecto de La Ruta de las Mujeres. “No podemos darnos el lujo de mantener a las mujeres ajenas a los procesos democráticos y políticos. Para que estas cosas dejen de pasar, las mujeres y el país deben responder con acciones más afirmativas a las expresiones y acciones de sus representantes, senadores y gobernantes”, concluyeron. Más información de La Ruta de las Mujeres está disponible en www.larutadelasmujeres.com.
10 de noviembre de 2011
¡Arrancó la Ruta de las Mujeres!
Caguas, Puerto Rico, 9 de noviembre de 2011- “Si las mujeres somos el 52% de la población y somos la mayoría de las personas votantes, ya es hora de que nos apoderemos de los procesos políticos y adelantemos nuestros derechos humanos”, declaró la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora de Matria, al anunciar el lanzamiento de “La Ruta de las Mujeres”.
“La Ruta de las Mujeres” es un proyecto de apoderamiento social y político dirigido a educar las mujeres de toda la Isla para que las mismas conozcan de cerca los procesos electorales y políticos y desarrollen destrezas para insertarse efectivamente en los mismos. “Queremos que aprendan cómo analizar una plataforma política desde una mirada crítica que reconozca las propuestas de los partidos que les son beneficiosas y las que van en contra de sus derechos”, explicó Leila Negrón, presidenta de la Junta Directiva de Matria. Ésta también explicó que otros objetivos importantes de la Ruta son el recoger y elaborar desde las propias mujeres propuestas que luego se someterán a los comités de programa de todos los partidos políticos.
Por su parte Pagán explicó que esta iniciativa corresponde a la preocupación de Proyecto Matria- y de otras mujeres que se han unido de forma voluntaria a la iniciativa- luego de que en las elecciones pasadas, y a pesar de las advertencias de algunos grupos de mujeres, la mayoría de las mujeres votantes endosaran la plataforma del Partido Nuevo Progresista a pesar de la amenaza que ésta representaba para los derechos humanos de las misma. (Ver análisis publicado en el 2008 en http://youtu.be/F0S9dc5_Xc0). Para esas mismas elecciones, tanto Matria como otras organizaciones, habían sometido a los partidos sus propuestas de acción desde una perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres. Algunos partidos incluyeron las propuestas en sus plataformas mientras otros, como el PNP y el PPR, las ignoraron.
“La Ruta incluirá talleres, una plataforma web y campañas mediáticas de educación y concienciación”, explicó la Lcda. Verónica Rivera Torres quien también pertenece a la junta de Matria. Según la abogada el primer taller de la Ruta de las Mujeres se ofrecerá el sábado, 3 de diciembre en Vega Alta. Luego de eso, visitarán los pueblos de Caguas, Mayagüez, Ponce, Humacao, Comerío, Adjuntas y San Juan. “Hay que destacar que esta Ruta de las Mujeres se trabajará con el tiempo voluntario de mujeres que actuarán como facilitadoras, talleristas, coordinadoras y comunicadoras. Ellas y nosotras en Matria estamos convencidas de que podemos generar un cambio en la forma en la cual las mujeres- y el resto del país- perciben los procesos eleccionarios”, añadió Rivera.
De hecho, como actividad complementaria a la Ruta de las Mujeres, Matria abrirá este miércoles el periodo de votación para el Premio a las Joyas Machistas de la Política Puertorriqueña. “Es una manera seria y jocosa a la misma vez de llamar la atención del público sobre políticos que han trabajado en contra de los derechos humanos de las mujeres y de otras poblaciones como la LHBTTQI. Muchos de estos políticos y políticas piensan que a la gente se le olvidarán las barbaridades que han hecho en estos cuatro años y nosotras queremos mantener esa memoria presente. No podemos llegar a unas elecciones con amnesia”, señaló Pagán. Las categorías del premio son: Joya Machista del Senado (mujer y hombre), Joya Machista de la Cámara de Representantes (mujer y hombre) y Joya Machista de la candidatura a la gobernación. Hay categorías adicionales. “Las personas podrán votar por las candidatas y candidatos que nuestro comité del Premio seleccionó, pero también pueden votar “write in””, señaló Rivera.
Los candidatos incluyen a Carmelo Ríos, Thomas Rivera Schatz, Evelyn Vázquez, Brenda López de Arrarás y Migdalia Padilla, entre otros. Ejercer el voto para el premio es fácil y podrá hacerse desde internet o asistiendo a los talleres y actividades de la Ruta de las Mujeres.
3 de noviembre de 2011
Acción Senado sobre aborto: Desinformar, asustar, intimidar, a mujeres sobre sus derechos
Publicado en Claridad: martes, 1 de noviembre de 2011
Por Cándida Cotto
Como una acción dirigida a confundir e intimidar y con la cual una vez más se vulnera la separación de iglesia y estado, varias activistas feministas describieron la acción del Senado de mantener en el nuevo Código Penal (CP) el Artículo 99 que prohíbe la práctica del aborto en Puerto Rico, el cual establece que “toda mujer que procure de cualquier persona alguna medicina, droga o sustancia y la tome, o que se someta a cualquier operación o a cualquier otra intervención quirúrgica o a cualquier otro medio, con el propósito de provocarse un aborto, excepto el caso de que fuere necesario para salvar su salud o su vida, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de dos años”.
La acción del Senado es cuestionable en cuanto a su propósito y efectividad porque según el estado de derecho que impera en la isla lo que prevalece es la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que dictó en el 1973 en el caso Row v. Wade que el aborto es legal en los primeros tres meses de gestación. Luego el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso Pueblo v. Duarte en 1980, reconoció el derecho al aborto como uno relacionado con el derecho a la intimidad de la mujer.
Ante esa realidad jurídica, ¿qué motivó a los legisladores del PNP?
“Mucha gente no lo sabe y aun yendo a las clínicas cree que está cometiendo un acto ilegal, así que aquí lo que se está enviando es un mensaje que lo que hace es inhibir más el ejercicio de un derecho que está vigente y que no debe descansar únicamente en las disposiciones federales”, denunció la licenciada Josefina Pantoja Oquendo. Agregó que el derecho al aborto responde al Derecho Humano Internacional de que las personas controlen y decidan sobre su cuerpo, que en el caso de las mujeres incluye los derechos reproductivos y los derechos sexuales. “Así que el mensaje que se está enviando es de mucha confusión porque aunque sabemos que la implantación se podría cuestionar legalmente y se caería cualquier caso a base de la jurisprudencia de Estados Unidos en especial para el primer trimestre, en la práctica va a ser un efecto inhibitorio del ejercicio del derecho”, denunció enfática.
Pantoja, veterana activista en pro de los derechos de la mujer, criticó de manera severa la acción del Senado como un acto “oportunista de los políticos para complacer a un sector que entienden que le da más votos porque de otra manera no estarían haciendo un acto tan hipócrita”. Añadió que la acción “reafirma la tendencia de este gobierno de entrar en alianza con el sector fundamentalista violando la separación de la iglesia y estado”.
Otro aspecto que Pantoja denunció es la postura de la oposición, entiéndase los senadores del Partido Popular Democrático (PPD), quienes dijeron oponerse a la medida solo con el argumento de que los que promueven la estadidad están actuando contra un derecho que es reconocido en EEUU y su posición no responde a un acto de reconocimiento de que el aborto es un derecho de las mujeres a la toma de decisiones sobre su cuerpo.
“Además, ¿quien pidió esa enmienda, hubo un reclamo del pueblo, responde a alguna preocupación o necesidad de la comunidad? Se supone que las legislaciones responden a reclamos públicos, a la necesidad pública, pero aquí nadie ha estado pidiendo eso”, reiteró. Observó que no hay ningún estudio que demuestre que la práctica del aborto en la isla es un acto de irreflexión. Por el contrario, apuntó que limitar su acceso conduce a condiciones de salud pública que son perjudiciales y violenta un derecho humano.
En tanto, para la directora del Programa Salud pro Mujer del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (PPM-CMD), Yamilia Azize, lo sucedido es “otra estrategia más de desinformar a las mujeres. Que las mujeres están desinformadas se ha podido documentar, así lo demuestra una encuesta de hace 10 años, la que todavía persiste, evidenció que un 30% de las mujeres, aun haciéndose un aborto no sabían si era legal o no. Tengo casos documentados en la prensa de las noticias equivocadas y manipuladas para desvirtuar lo que es la información científica y la información legal. Entonces, esto es otra estrategia más de asustar, intimidar de quitarle derechos o hacer pensar que le están quitando derechos a las mujeres”.
“Los profesionales de la salud deben estar alertas para que sepan informarle a sus pacientes y clientes cuál es el estado de derecho y cómo acceder a esos servicios que son legales”. Azize comentó la necesidad de que las organizaciones no gubernamentales comiencen a movilizarse para que circule la información correcta.
Por separado, la apreciación de Azize sobre la práctica del aborto en la isla coincidió con la de Pantoja Oquendo, en cuanto a que no existe un abuso de este recurso como quiere hacer ver la Legislatura. “La Legislatura demuestra una ignorancia, una falta de reconocimiento, de cuál es la práctica en el país, de que es un procedimiento seguro, de que hay clínicas certificadas, una práctica médica segura”. Precisó que desde los años 1980 la Legislatura viene presentando proyectos viciosos por sus implicaciones legales que saben que van en contra de una normativa constitucional, como el de pretender reglamentar el aborto a las menores.
Peligroso
Por su parte, la directora del proyecto MATRIA dirigido a la autogestión económica de mujeres, licenciada Amarilys Pagán, coincidió en que lo más peligroso de esta acción de la Legislatura es que puede acrecentar la confusión que ha habido por muchos años en el país sobre la legalidad del aborto.
“Es bien importante que las personas tengan claro que el aborto en Puerto Rico es legal. Lo que pasa que este tipo de acción, al crear la impresión de que es ilegal, lo que hace es coartar el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo o lo que son sus derechos sexuales o reproductivos”. Además destacó como peligroso que, aunque haya legisladores que lo nieguen, se sabe que la acción responde a la presión de grupos religiosos que insisten en imponer sus creencias religiosas a través de legislación al resto del país.
Pagán se reiteró en lo peligroso que resulta la acción del Senado dado al hecho de que el derecho a la terminación de un embarazo, en particular en los primeros tres meses, no siempre ha estado garantizado debido al difícil acceso que tienen las mujeres a este procedimiento médico. Enumeró que los planes médicos no cubren el aborto, que hay médicos que se niegan a realizarlo y a las pocas clínicas que existen en la isla dedicadas a la salud reproductiva de las mujeres.
“Lo terrible de esto es que sí existe el derecho y no está garantizado por falta de acceso y además es invisibilizado creando la impresión de que no existe, o es ilegal el acto. Lo que estamos haciendo es poniendo en riesgo la vida de las mujeres que desean hacerse un aborto y no tienen el acceso. Quizás van a tomar decisiones que no son beneficiosas para su bienestar físico y emocional”, declaró.
Pagán también censuró la postura en contra del PPD, cuando en el pasado ha tenido la oportunidad como mayoría en la Legislatura de eliminar el artículo del Código Penal y no lo ha hecho. Explicó que en términos legales se supone que la Legislatura elimine del CP todo lo referente a la prohibición del aborto. Apuntó a que antes de las decisiones de los casos Row v. Wade y Pueblo v. Duarte, el CP tenía el mismo lenguaje que se acaba de aprobar esta semana. “Lo que pasa es que quedó invalidado por estas dos decisiones y la Legislatura nunca ha hecho la gestión para atemperar el Código a esa realidad jurídica que es la que realmente gobierna en Puerto Rico”. Aun cuando el derecho acoge a los primeros tres meses de embarazo sin riesgo de ninguna penalidad, aclaró que luego del primer trimestre para poder llevarse a cabo un aborto tienen que mediar razones médicas para garantizar la salud y seguridad de la mujer debido a que cuando el embarazo está más avanzado hay factores de riesgo que pueden afectar la vida de la mujer.
La apreciación de Pagán es que la acción del Senado respecto al aborto, junto con la campaña de abstinencia dirigida a los adolescentes que promueven el Departamento de Educación (DE) y el Departamento de la Familia (DF), la eliminación de la carta circular del DE sobre la educación de género y la educación sexual en las escuelas públicas, son parte de una estrategia orquestada de la alianza abierta entre los grupos religiosos fundamentalistas y el Gobierno. A ello se suma la reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la Ley 54, de que no protege a una víctima de maltrato en una relación adultera, por lo que estas acciones no se pueden ver separados del todo y sí como parte de un plan que va en detrimento de los derechos humanos de las mujeres, tanto por intereses políticos como ideológicos.
Se supone que el proyecto del nuevo CP se encuentre en consideración ante la Cámara de Representantes.
Por Cándida Cotto
Como una acción dirigida a confundir e intimidar y con la cual una vez más se vulnera la separación de iglesia y estado, varias activistas feministas describieron la acción del Senado de mantener en el nuevo Código Penal (CP) el Artículo 99 que prohíbe la práctica del aborto en Puerto Rico, el cual establece que “toda mujer que procure de cualquier persona alguna medicina, droga o sustancia y la tome, o que se someta a cualquier operación o a cualquier otra intervención quirúrgica o a cualquier otro medio, con el propósito de provocarse un aborto, excepto el caso de que fuere necesario para salvar su salud o su vida, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de dos años”.
La acción del Senado es cuestionable en cuanto a su propósito y efectividad porque según el estado de derecho que impera en la isla lo que prevalece es la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que dictó en el 1973 en el caso Row v. Wade que el aborto es legal en los primeros tres meses de gestación. Luego el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso Pueblo v. Duarte en 1980, reconoció el derecho al aborto como uno relacionado con el derecho a la intimidad de la mujer.
Ante esa realidad jurídica, ¿qué motivó a los legisladores del PNP?
“Mucha gente no lo sabe y aun yendo a las clínicas cree que está cometiendo un acto ilegal, así que aquí lo que se está enviando es un mensaje que lo que hace es inhibir más el ejercicio de un derecho que está vigente y que no debe descansar únicamente en las disposiciones federales”, denunció la licenciada Josefina Pantoja Oquendo. Agregó que el derecho al aborto responde al Derecho Humano Internacional de que las personas controlen y decidan sobre su cuerpo, que en el caso de las mujeres incluye los derechos reproductivos y los derechos sexuales. “Así que el mensaje que se está enviando es de mucha confusión porque aunque sabemos que la implantación se podría cuestionar legalmente y se caería cualquier caso a base de la jurisprudencia de Estados Unidos en especial para el primer trimestre, en la práctica va a ser un efecto inhibitorio del ejercicio del derecho”, denunció enfática.
Pantoja, veterana activista en pro de los derechos de la mujer, criticó de manera severa la acción del Senado como un acto “oportunista de los políticos para complacer a un sector que entienden que le da más votos porque de otra manera no estarían haciendo un acto tan hipócrita”. Añadió que la acción “reafirma la tendencia de este gobierno de entrar en alianza con el sector fundamentalista violando la separación de la iglesia y estado”.
Otro aspecto que Pantoja denunció es la postura de la oposición, entiéndase los senadores del Partido Popular Democrático (PPD), quienes dijeron oponerse a la medida solo con el argumento de que los que promueven la estadidad están actuando contra un derecho que es reconocido en EEUU y su posición no responde a un acto de reconocimiento de que el aborto es un derecho de las mujeres a la toma de decisiones sobre su cuerpo.
“Además, ¿quien pidió esa enmienda, hubo un reclamo del pueblo, responde a alguna preocupación o necesidad de la comunidad? Se supone que las legislaciones responden a reclamos públicos, a la necesidad pública, pero aquí nadie ha estado pidiendo eso”, reiteró. Observó que no hay ningún estudio que demuestre que la práctica del aborto en la isla es un acto de irreflexión. Por el contrario, apuntó que limitar su acceso conduce a condiciones de salud pública que son perjudiciales y violenta un derecho humano.
En tanto, para la directora del Programa Salud pro Mujer del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (PPM-CMD), Yamilia Azize, lo sucedido es “otra estrategia más de desinformar a las mujeres. Que las mujeres están desinformadas se ha podido documentar, así lo demuestra una encuesta de hace 10 años, la que todavía persiste, evidenció que un 30% de las mujeres, aun haciéndose un aborto no sabían si era legal o no. Tengo casos documentados en la prensa de las noticias equivocadas y manipuladas para desvirtuar lo que es la información científica y la información legal. Entonces, esto es otra estrategia más de asustar, intimidar de quitarle derechos o hacer pensar que le están quitando derechos a las mujeres”.
“Los profesionales de la salud deben estar alertas para que sepan informarle a sus pacientes y clientes cuál es el estado de derecho y cómo acceder a esos servicios que son legales”. Azize comentó la necesidad de que las organizaciones no gubernamentales comiencen a movilizarse para que circule la información correcta.
Por separado, la apreciación de Azize sobre la práctica del aborto en la isla coincidió con la de Pantoja Oquendo, en cuanto a que no existe un abuso de este recurso como quiere hacer ver la Legislatura. “La Legislatura demuestra una ignorancia, una falta de reconocimiento, de cuál es la práctica en el país, de que es un procedimiento seguro, de que hay clínicas certificadas, una práctica médica segura”. Precisó que desde los años 1980 la Legislatura viene presentando proyectos viciosos por sus implicaciones legales que saben que van en contra de una normativa constitucional, como el de pretender reglamentar el aborto a las menores.
Peligroso
Por su parte, la directora del proyecto MATRIA dirigido a la autogestión económica de mujeres, licenciada Amarilys Pagán, coincidió en que lo más peligroso de esta acción de la Legislatura es que puede acrecentar la confusión que ha habido por muchos años en el país sobre la legalidad del aborto.
“Es bien importante que las personas tengan claro que el aborto en Puerto Rico es legal. Lo que pasa que este tipo de acción, al crear la impresión de que es ilegal, lo que hace es coartar el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo o lo que son sus derechos sexuales o reproductivos”. Además destacó como peligroso que, aunque haya legisladores que lo nieguen, se sabe que la acción responde a la presión de grupos religiosos que insisten en imponer sus creencias religiosas a través de legislación al resto del país.
Pagán se reiteró en lo peligroso que resulta la acción del Senado dado al hecho de que el derecho a la terminación de un embarazo, en particular en los primeros tres meses, no siempre ha estado garantizado debido al difícil acceso que tienen las mujeres a este procedimiento médico. Enumeró que los planes médicos no cubren el aborto, que hay médicos que se niegan a realizarlo y a las pocas clínicas que existen en la isla dedicadas a la salud reproductiva de las mujeres.
“Lo terrible de esto es que sí existe el derecho y no está garantizado por falta de acceso y además es invisibilizado creando la impresión de que no existe, o es ilegal el acto. Lo que estamos haciendo es poniendo en riesgo la vida de las mujeres que desean hacerse un aborto y no tienen el acceso. Quizás van a tomar decisiones que no son beneficiosas para su bienestar físico y emocional”, declaró.
Pagán también censuró la postura en contra del PPD, cuando en el pasado ha tenido la oportunidad como mayoría en la Legislatura de eliminar el artículo del Código Penal y no lo ha hecho. Explicó que en términos legales se supone que la Legislatura elimine del CP todo lo referente a la prohibición del aborto. Apuntó a que antes de las decisiones de los casos Row v. Wade y Pueblo v. Duarte, el CP tenía el mismo lenguaje que se acaba de aprobar esta semana. “Lo que pasa es que quedó invalidado por estas dos decisiones y la Legislatura nunca ha hecho la gestión para atemperar el Código a esa realidad jurídica que es la que realmente gobierna en Puerto Rico”. Aun cuando el derecho acoge a los primeros tres meses de embarazo sin riesgo de ninguna penalidad, aclaró que luego del primer trimestre para poder llevarse a cabo un aborto tienen que mediar razones médicas para garantizar la salud y seguridad de la mujer debido a que cuando el embarazo está más avanzado hay factores de riesgo que pueden afectar la vida de la mujer.
La apreciación de Pagán es que la acción del Senado respecto al aborto, junto con la campaña de abstinencia dirigida a los adolescentes que promueven el Departamento de Educación (DE) y el Departamento de la Familia (DF), la eliminación de la carta circular del DE sobre la educación de género y la educación sexual en las escuelas públicas, son parte de una estrategia orquestada de la alianza abierta entre los grupos religiosos fundamentalistas y el Gobierno. A ello se suma la reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la Ley 54, de que no protege a una víctima de maltrato en una relación adultera, por lo que estas acciones no se pueden ver separados del todo y sí como parte de un plan que va en detrimento de los derechos humanos de las mujeres, tanto por intereses políticos como ideológicos.
Se supone que el proyecto del nuevo CP se encuentre en consideración ante la Cámara de Representantes.
1 de noviembre de 2011
Taller para aprender a identificar agresiones
viernes, 28 de octubre de 2011
Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora
Pero las señales, identificadas o no por las personas cercanas a la víctima, seguramente estaban ahí.
Precisamente para que las comunidades puedan reconocer qué son incidentes de violencia doméstica y cómo se debe reaccionar a ellos, Matria organizó el Primer coloquio comunitario por la paz y seguridad de las mujeres, un esfuerzo para prevenir la violencia contra las mujeres.
“A veces tenemos la tendencia a normalizar y naturalizar ciertas conductas. A la gente le parece normal que un individuo, en medio de un coraje, le dé una patada al perro. Es un poco tratar de que las personas puedan ver que sí hay señales”, señaló la directora de Matria, Amárilis Pagán.
Además de trabajar con los factores de protección y los riesgos para las mujeres en situaciones de violencia doméstica, en el coloquio se ofrecerán herramientas para que conozcan qué se supone que haga el Estado cuando se reporta alguna situación.
“Hay personas que nos llaman a Matria a decirnos que han estado identificando situaciones con familiares y que no han recibido respuesta del sistema. La gente no sabe que si el policía no aparece (después que ya ha recibido la denuncia) lo que procede es pedir el nombre y el número de placa y radicar una querella”, explicó Pagán.
Aun cuando hizo énfasis en la obligación del Gobierno, la también abogada señaló que las comunidades también tienen una responsabilidad. “Está comprobado que una mujer va a ir primero a la comunidad antes de acudir al sistema a hablar de violencia doméstica. Va a hablar con una amiga, con alguien de la iglesia. Si las preparamos, vamos a salvar vidas”, afirmó.
El primero de dos coloquios será mañana, sábado, en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología en Caguas. La entrada es gratis. El segundo será el 5 de noviembre en Mayagüez y ambos son el preámbulo al Día Internacional de No Más Violencia Hacia las Mujeres.
Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora
Cada vez que matan a una mujer en un crimen de violencia doméstica no falta algún vecino que asegura que el victimario era bueno, trabajador y que no se le conocía mal carácter. La descripción raras veces, si alguna, corresponde a un agresor.
Precisamente para que las comunidades puedan reconocer qué son incidentes de violencia doméstica y cómo se debe reaccionar a ellos, Matria organizó el Primer coloquio comunitario por la paz y seguridad de las mujeres, un esfuerzo para prevenir la violencia contra las mujeres.
“A veces tenemos la tendencia a normalizar y naturalizar ciertas conductas. A la gente le parece normal que un individuo, en medio de un coraje, le dé una patada al perro. Es un poco tratar de que las personas puedan ver que sí hay señales”, señaló la directora de Matria, Amárilis Pagán.
Además de trabajar con los factores de protección y los riesgos para las mujeres en situaciones de violencia doméstica, en el coloquio se ofrecerán herramientas para que conozcan qué se supone que haga el Estado cuando se reporta alguna situación.
“Hay personas que nos llaman a Matria a decirnos que han estado identificando situaciones con familiares y que no han recibido respuesta del sistema. La gente no sabe que si el policía no aparece (después que ya ha recibido la denuncia) lo que procede es pedir el nombre y el número de placa y radicar una querella”, explicó Pagán.
Aun cuando hizo énfasis en la obligación del Gobierno, la también abogada señaló que las comunidades también tienen una responsabilidad. “Está comprobado que una mujer va a ir primero a la comunidad antes de acudir al sistema a hablar de violencia doméstica. Va a hablar con una amiga, con alguien de la iglesia. Si las preparamos, vamos a salvar vidas”, afirmó.
El primero de dos coloquios será mañana, sábado, en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología en Caguas. La entrada es gratis. El segundo será el 5 de noviembre en Mayagüez y ambos son el preámbulo al Día Internacional de No Más Violencia Hacia las Mujeres.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)