28 de septiembre de 2009

Procuradora de las Mujeres apelará ante la JREF por los despidos

lunes, 28 de septiembre de 2009
(01:38 p.m. ) Primera Hora

La Procuradora de las Mujeres, Yvonne Feliciano Acevedo apelará ante la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF) para que se deje sin efecto las cesantías de las plazas pagadas con fondos federales.

Feliciano Acevedo anunció que “en la tarde del viernes comenzamos un proceso de reconsideración para hoy mismo solicitar a JREF deje sin efecto las notificaciones de las posiciones que son pagadas con fondos federales”.

“Las funciones que ejercen estas empleadas son imprescindibles para garantizar la permanencia de los fondos de Violence Against Women Act (STOP VAWA), así como para evitar que otras agencias como el Departamento de Justicia, Corrección y Rehabilitación y Tribunales se vean igualmente afectadas, ya que reciben fondos que administra nuestra agencia y que son monitoreados por la unidad fiscal de la Procuraduría”, precisó en comunicación escrita.

“Para nosotras, como para el resto de las agencias que tuvieron que entregar las cartas de notificación a nuestras empleadas fue y continúan siendo momentos de mucha intensidad emocional”, lamentó.

La procuradora de las Mujeres adjudicó la eliminación de las plazas por parte del JEREF, a la falta de dirección que hubo en la agencia durante el periodo en que no había una Procuradora nombrada en propiedad.

“El efecto de las cesantías sobre nuestra agencia es un golpe duro. Todo parece indicar que la falta de dirección que tuvo la Oficina durante el periodo en el que se envió la información relacionada a los puestos de trabajo, la fuente de pago de los salarios así como la falta de previsión, provocó que los puestos de trabajo que por la propia Ley 7 están exentas, hayan sido incluidas en la lista de cesantías. No se defendió la permanencia de estos puestos”, señaló.

Asimismo enfatizó que “el efecto que puede tener la ausencia de estas posiciones impacta además a las organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a las mujeres en situaciones de violencia doméstica y que son subvencionados por los mismos fondos de VAWA.

Sobre las alegaciones de que los fondos federales de la OPM serían administrados por otras agencias, la Procuradora advirtió que “los fondos VAWA tienen criterios específicos para su uso. Es complicado transferir los mismos a otra agencia por los criterios de la propia Ley Federal. Existe desconocimiento sobre la ley VAWA, ya que los cambios que se pretenden hacer podrían representar conflictos con las poblaciones que atienden otras agencias”.

“La violencia doméstica en Puerto Rico requiere de la unión de esfuerzos y voluntades para garantizar que en un futuro no muy lejano podamos dejar de contar las muertes de mujeres a manos de sus esposos, compañeros, ex-esposos o ex-compañeros. Por ello, estamos concentrando nuestros esfuerzos en estos momentos por los puestos de trabajo de nuestra agencia que son indispensables en esa lucha por mantener y aumentar los servicios que se ofrecen y para la permanencia de los fondos que se reciben, distribuyen y fiscalizan desde la OPM. Ese es el compromiso de la Procuraduría y mi compromiso personal”, sentenció.

Feliciano Acevedo se manifestó confiada en prevalecer en la reconsideración que está solicitando al JEREF. “Consideramos que nuestra petición a JREF debe ser exitosa y confiamos en poder retener no sólo a esas plazas de trabajo sino además al resto de las plazas que son fundamentales a las tareas que por Ley debe ejercitar la OPM”.

La procuradora de la Mujer aseguró que la OPM continua brindando sus servicios y que se encuentra trabajando en iniciativas dirigidas a crear empleos para las mujeres que han sido cesanteadas tanto en el sector público como el sector privado debido a la crisis económica que enfrenta el país.

“Estamos en vía de articular una importante gestión dirigida a las mujeres que ya han recibido su notificación de cesantía para ofrecer apoyo y opciones nuevas de empleo a las mujeres de toda la Isla”, expresó.

De esa igual forma, agregó, “pretendemos trabajar sin descanso para conseguir la seguridad de los puestos de trabajo que requiere la Agencia para cumplir con sus funciones y dejarles saber a las mujeres de que son la prioridad en nuestra agenda de trabajo. Lamento profundamente la situación de tensión emocional y angustia que han vivido nuestras empleadas y todas las jefas de familia que hayan sido afectadas por la Ley 7”.

Primera mujer presidenta de Scotia Bank de Puerto Rico


Nos enorgullece el nombramiento de nuestra compañera Enid Picó como primera mujer presidenta de Scotia Bank de Puerto Rico. Enid es parte de la Junta Directiva de Proyecto Matria desde el año 2006. A continuación la noticia publicada en El Vocero.

EL VOCERO
Por Redacción de Negocios
24 de septiembre de 2009 11:00 pm

Troy Wright, principal oficial ejecutivo de Scotiabank de Puerto Rico, anunció que la Junta de Directores aprobó el nombramiento de Enid Picó como la nueva Presidenta y Principal Oficial de Operaciones de la institución bancaria en la Isla, efectivo el jueves, 24 de septiembre de 2009. Por su parte, Wright permanecerá con sus responsabilidades como Principal Oficial Ejecutivo.

"Picó es una excelente profesional, con más de 23 años de experiencia, de los que ha dedicado 18 a Scotiabank ocupando diferentes posiciones de liderato y supervisión hasta llegar a ser la primera mujer en presidir Scotiabank de Puerto Rico. Su contribución durante todos estos años ha sido clave en los resultados que el banco ha alcanzado en los últimos años así como en el desarrollo de nuestros programas comunitarios y avance de la mujer en el trabajo. Estamos seguros de que su nombramiento resultará en un beneficio para el Banco”, indicó Wright.
Picó, quien es contadora pública autorizada (CPA), posee un Bachillerato en Administración de Empresas de la UPR, recinto de Mayagüez. En Scotiabank se ha destacado en áreas tales como Operaciones, Finanzas y Financiamiento de Autos, entre otros. Anteriormente laboró para Bella International, así como para el Banco Popular de Puerto Rico y el entonces Banco de Ponce. Actualmente también es parte de la Junta de Directores de Matria y es miembro del Consejo Asesor de Pobreza y Desarrollo Comunitario del Centro para Puerto Rico.

"Como mujer profesional es un honor aceptar esta responsabilidad, no sólo por el momento histórico de los cien años de operación de Scotiabank de Puerto Rico, sino también porque sé que cuento con el apoyo de un excelente equipo de trabajo que ha demostrado su liderazgo en la industria”, dijo Picó.

“Me siento muy honrada en pertenecer a Scotiabank de Puerto Rico, una institución que tiene excelentes oportunidades de continuar creciendo en el mercado puertorriqueño. Nuestro acceso a expertos mundiales en la banca corporativa, comercial y de consumo, nos permite desarrollar nuestro potencial y continuar posicionando a Scotiabank de Puerto Rico como la institución líder en servicio y calidad".

Sobre Scotiabank de Puerto Rico

Scotiabank de Puerto Rico es una subsidiaria de Bank of Nova Scotia, que ha estado operando en Puerto Rico desde 1910, y ha mantenido su posición de liderato en la banca corporativa, hipotecaria y el financiamiento de autos. Con una red de 17 sucursales alrededor de la Isla, provee servicios de banca comercial y de consumo. Además, es parte de la red bancaria de Scotiabank Group, es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el banco canadiense con mayor presencia internacional. El Grupo Scotiabank y sus empresas afiliadas cuentan con cerca de 69,000 empleados, y atienden aproximadamente a 12.8 millones de clientes en unos 50 países. Para más información puede visitar http://www.scotiabankpr.com/.

Proyecto Matria exige a la Procuradora de las Mujeres que defienda los puestos de las empleadas de la agencia

Comunicado de prensa

Caguas, Puerto Rico, domingo, 27 de septiembre de 2009- “La espina dorsal de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres son sus empleadas. La Procuradora debe defender esos puestos de trabajo y dejar sin efecto los despidos efectuados ayer viernes”, expresó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria.

Según la organización, los despidos notificados en la agencia afectan directamente la capacidad de ésta para ejercer sus funciones establecidas por ley. “La única explicación a tal cantidad de despidos en una agencia pequeña como la OPM, es la existencia de una intención clara de eliminarla”, añadió la abogada.

“Esta misma semana la Procuradora se manifestó a favor de expandir la OPM por todas las regiones judiciales de la Isla. Dicha expansión era y es innecesaria porque decenas de organizaciones ya dan buenos servicios en cada región. Lo que es necesario es garantizar que la OPM cumpla con sus funciones de ley” explicó la letrada. Cuando se creó la OPM en el año 2001, el objetivo primordial de la misma era fiscalizar y garantizar que el gobierno cumpliera con las políticas públicas relativas a los derechos de las mujeres.

Ésta explicó que el desmantelamiento de la OPM puede poner en riesgo los fondos que reciben las organizaciones sin fines de lucro que al presente ofrecen servicios a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia doméstica en todas las regiones judiciales de la Isla. También se podrían afectar servicios de desarrollo económico, vivienda transitoria y prevención.

La exposición de motivos de la Ley 20 que creó la OPM, señala la situación de desigualdad de que viven las mujeres como uno de los elementos que provocan la violencia hacia ellas, la feminización de la pobreza y la discriminación. Según la organización, a ocho años de la aprobación de la Ley 20, aún queda mucho trabajo por hacer desde la OPM y para ello, la agencia necesita de todas sus empleadas.

“Desde la pasada administración vimos cómo se comenzó a afectar la OPM por los recortes de presupuesto y la aplicación indiscriminada de leyes de políticas fiscales. Su personal comenzó a reducirse desde el 2006 a pesar de los reclamos de las pasadas Procuradoras para que se eximiera a la agencia de la aplicación de la Ley de Reforma Fiscal que ordenó- entre otras cosas- la congelación de las plazas vacantes. En una agencia pequeña, cada puesto de trabajo cuenta, y la OPM es una agencia que cuenta con el personal estrictamente necesario para ejercer sus funciones. Cada plaza que se le elimina, implica una reducción en su capacidad de trabajo.” explicó Pagán.

La organización expresó que las mujeres de la Isla deben tener claro que muchas de las leyes y políticas públicas aprobadas en beneficio de sus derechos en los pasados ocho años fueron promovidas, creadas o defendidas desde la OPM. Si dicha oficina dejara de ejercer sus funciones, el avance de los derechos de las mujeres en la Isla se vería amenazado.
“Nos parece importante mantener claro que los derechos humanos de las mujeres y su equidad no pueden invisibilizarse dentro de discursos que aboguen por conceptos tradicionales de familia. Las mujeres como seres humanas tienen pleno derecho a ser consideradas en un marco que reconozca sus particularidades y en especial el discrimen por género del que aún son objeto. Para ello se supone que trabaje la OPM y eso será lo que exigiremos en los próximos días”, concluyó Pagán.

La organización se unirá a las acciones que se coordinen desde el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico y otras entidades como Todo Puerto Rico por Puerto Rico.