Comunicado de Prensa
Caguas, Puerto Rico, jueves, 23 de abril de 2009- “Desde el año 2005, las agencias de gobierno encargadas de implementar la Ley 54 admitieron que tenían brechas graves en sus protocolos de trabajo y se comprometieron a corregirlas para realizar un trabajo efectivo de prevención e intervención con la violencia doméstica. Ahora, en el 2009 y ante una nueva ola de asesinatos, es momento de que rindan cuentas al país y digan si cumplieron con ese compromiso”, expresó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria.
Según la organización, en el 2005 la Oficina de la Procuradora de las Mujeres publicó un informe sobre la implementación de la Ley 54 cuyo alcance incluía:
1. Una evaluación cualitativa y cuantitativa de los esfuerzos de cada uno de los componentes del Sistema de Justicia del E.L.A. para cumplir con la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) y un examen de los reglamentos internos de las distintas agencias relativos al manejo de estos casos.
2. Un análisis de las lagunas en la provisión de servicios de seguridad a las víctimas y en la verificación de la ejecución de las responsabilidades (accountability) a través de todo el proceso.
3. Recomendaciones para llenar dichas lagunas mediante revisión de procedimientos, protocolos, entrenamientos y cualquier otra acción afirmativa.
4. Una evaluación y recomendaciones sobre el funcionamiento de las redes y de las necesidades de comunicación e información entre los componentes del Sistema de Justicia.
5. Evaluación y recomendaciones sobre las estructuras, los equipos y los procedimientos necesarios para establecer sistema de exploración (rastreo) para aquellos componentes del Sistema de Justicia a cargo de los casos de violencia doméstica.
La elaboración de esa investigación, informe y recomendaciones contó con la participación de todas las agencias de gobierno involucradas en la implementación de la Ley 54 y representantes de organizaciones de mujeres especializadas en el tema de violencia doméstica. Durante casi dos años, se evaluaron no sólo los protocolos y leyes, sino las actitudes y conocimientos sobre el tema de las personas encargadas de implementar la Ley 54: policías, jueces y fiscales.
“En aquel momento, las organizaciones que participamos de la investigación como parte del Comité Asesor, señalamos tres grandes áreas de preocupación”, explicó Pagán. Dichas áreas son las siguientes:
1. Problemas de actitud y/o desconocimiento de la problemática de la violencia doméstica en las/os funcionarias/os a cargo de implementar la Ley y cómo deben atenderla
2. Falta de recursos para atender adecuadamente y manejar el volumen de casos de violencia doméstica que a diario son reportados a la Policía
3. Falta de procesos claros y efectivos para procesar los casos y evitar:
a. la revictimización de las mujeres,
b. la pérdida de información o evidencia vital para lograr la convicción de los agresores, y
c. proteger a las víctimas durante el proceso
Las organizaciones concluyeron en aquel momento que:
1. La falta de recursos no parece ser la causa de que no se procesen adecuadamente los casos de violencia doméstica, es más bien uno de los elementos que evidencia y hace posible diagnosticar los problemas de las actitudes de los/las funcionarios/as del Sistema y la perspectiva institucional existente ante el grave problema de la violencia doméstica en nuestro país.
2. Entre los/las funcionarios/as encargados/as de implementar la Ley 54 existen actitudes negativas basadas en:
a. prejuicios
b. visiones machistas
c. desconocimiento de la dinámica de la violencia doméstica y cómo deben atenderla.
3. Faltan procesos claros y efectivos para:
a. procesar los casos,
b. evitar la revictimización de las mujeres, y
c. evitar la pérdida de información o evidencia vital para lograr la convicción de los agresores y proteger a las víctimas/sobrevivientes durante el proceso.
“Lo que resulta lamentable, es que cuatro años más tarde estemos en el mismo punto y tengamos que escuchar al Superintendente de la Policía decir que cuando una mujer no quiere continuar un trámite de Ley 54 el caso se termina o que un juez no emitió una orden protección a pesar de que el agresor tenía historial de Ley 54” agregó Pagán. Según ésta, si los casos de Ley 54 se investigaran adecuadamente y se recopilara la evidencia de manera rápida y responsable, los mismos podrían atenderse en el sistema de justicia con mucha más eficacia. La abogada opinó que ya es hora de exigir a las agencias de gobierno que rindan cuentas e instó a la ciudadanía a asumir posturas más críticas sobre el sistema y menos juzgadoras sobre las víctimas. “Tenemos que trascender la cultura del morbo y asumir responsabilidad colectiva ante esta situación.” concluyó.
