7 de diciembre de 2011
Hon. Jenniffer González
Presidenta de Cámara de Representantes
de Puerto Rico
(vía correo electrónico)
Cc. Todxs lxs representantes de la Cámara
Representante González:
Reciba un cordial saludo desde Proyecto Matria.
Le escribimos como parte de nuestras gestiones de seguimiento al proceso legislativo que se sigue con el Código Penal de Puerto Rico y el P. del S. 2021 recientemente aprobado en el Senado de Puerto Rico. Como organización dedicada a trabajar por la equidad de géneros, económica y social de nuestra Isla, nos sentimos obligadas a dirigirnos a usted y a todxs lxs demás representantes para expresar nuestro repudio a dicho proyecto de ley.
Un Código Penal representa, más que cualquier otra cosa, la posición que asume un Estado ante determinadas conductas que se consideran lesivas al bienestar, la paz y la convivencia de un país. Las conductas que se tipifican como delito, así como las penas impuestas o los agravantes que se definen, expresan los valores del país y su compromiso con la integridad y dignidad de su ciudadanía. De ahí que resulte imperativo evaluar este instrumento legal desde una perspectiva que balancee el derecho de las partes acusadas y el de las víctimas desde un marco de derechos humanos.
El Código Penal aprobado en el Senado tiene muchos más defectos que los reseñados en la prensa del país a raíz de la denuncias hechas por distintos grupos de interés. Al leer el documento en su totalidad nos podemos percatar de cómo se ha fragmentado la política pública relativa al derecho a la vida e intimidad de las personas en aras de complacer a sectores religiosos que no han logrado superar sus prejuicios en contra de sectores como el de las mujeres, la comunidad LHBTTQ y aún las minorías étnicas.
Asuntos tan diversos como la tipificación del adulterio y el aborto como delitos, así como la tachadura consistente de la palabra “género” en el entirillado del proyecto, reafirman la idea de que existe una agenda legislativa y gubernamental en contra de los derechos humanos de las mujeres. Y aquí, hablo de una agenda porque todas sabemos que lo que se incluya o se tache del Código Penal tiene repercusiones en otras leyes, reglamentos e incluso acciones de las agencias de gobierno. Esas repercusiones se extienden, además, al ámbito social pues se envía al país un mensaje terriblemente negativo: “La definición de moral de ciertos grupos religiosos le será impuesta aún a quienes no comparten esas creencias. Quien se aparte de la moral, merece ser víctima de delitos”. ¿Cómo es posible que un estado laico se acepte estas prácticas?
En este momento, el P. del S. 2021 debe ser rechazado en su totalidad. Sus defectos estructurales y conceptuales hacen imposible una aprobación a la ligera en medio de una sesión extraordinaria. Pensar que puede corregirse con enmiendas que acallen a quienes protestamos es una ilusión. Aprobar a la carrera un proyecto defectuoso sólo provocará que el mismo imponga al país un Código Penal endeble que servirá de poco para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas.
Partiendo de que su deber y el de lxs demás representantes es trabajar para el bienestar común del país, y consciente de que la Legislatura tienen el deber de atender los reclamos de justicia de sus representadxs, le exigimos que detengan de inmediato el proceso de aprobación del P. del S. 2021 y que rechacen este intento de entronizar la desigualdad social en nuestra Isla.
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