miércoles, 23 de septiembre de 2009Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora
Atribuir a lo complicado de hacer cambios en la oferta académica el rechazo de la Policía a brindar un curso sobre el protocolo adecuado para atender a las víctimas de agresión sexual es una excusa poco válida que “demuestra la falta de interés en trabajar con el tema de manera efectiva”.
Amárilis Pagán, abogada y directora ejecutiva del proyecto Matria, se reafirmó en que los cursos para manejar los casos de agresión sexual deben ser obligatorios para los cadetes, tal como establece el proyecto de la Cámara discutido ayer por Héctor Torres Calderón, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
“Ésos son casos que no se pueden dejar al azar y, por la dinámica emocional que existe cuando una persona ha sido agredida sexualmente, no se le puede entrevistar como a una persona víctima de robo o de amenaza”, detalló Pagán, quien mencionó que muchas veces las víctimas encuentran su mayor escollo en el manejo del caso por parte de la Policía.
Para la representante novoprogresista Albita Rivera, los uniformados no han mostrado efectividad en el manejo de casos de agresión sexual.
“El trato que el policía le da a la víctima no es el correcto. Mi contestación es que no están siendo efectivos. Eso es un desastre”, expresó la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer y Equidad, quien especuló que la verdadera razón para el rechazo a la medida puede ser lo económico.
En la vista, cuyo único deponente fue Armengol Igartúa Vázquez en representación del superintendente José Figueroa Sancha, el ayudante mencionó que el currículo de grado asociado en Ciencias Policiales incluye un curso sobre el policía ante situaciones de crisis.
“Dicho curso de tres créditos y 45 horas de contacto está diseñado para proveer los conocimientos y estrategias básicas en el manejo de situaciones de crisis en general, incluyendo las víctimas de agresión sexual”, leyó Igartúa Vázquez.
Para Rivera, eso no es suficiente. “Yo quiero ver ese adiestramiento y de qué se componen esas míseras 45 horas”, manifestó la representante.
Sobre el supuesto riesgo que significaría para el Colegio Universitario de Justicia Criminal añadir el curso que, presuntamente, los obligaría a solicitar una enmienda a la licencia que otorga el Consejo de Educación Superior, Rivera señaló que los cambios se efectúan de acuerdo con las necesidades y las escuelas y las universidades hacen cambios en sus currículos.
Pagán fue incluso más lejos y observó que el peligro, si alguno, sería que no se revisara el currículo para atemperarlo a las nuevas realidades.
El Superintendente intentó explicar, ya al anochecer, que lo que quería establecer en su ponencia era que el Colegio Universitario de Justicia Criminal es autónomo.
La Junta la preside él.
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