Caguas, Puerto Rico, miércoles, 15 de febrero de 2012 – “Mientras el gobierno insista en fomentar soluciones superficiales basadas en pensamientos religiosos y sexistas, la violencia hacia las mujeres encontrará aliados en un sistema en el que los funcionarios se sienten con el derecho a ignorar los protocolos de acción”, expresó Proyecto Matria en la mañana de hoy.
“Cuando el gobierno anunció con bombos y platillos la aprobación de los grilletes electrónicos para casos de Ley 54, nosotras advertimos que a pesar de que la idea era buena, si no existía un sistema de apoyo que respondiera a las situaciones de emergencia, sería una pérdida de tiempo. Lamentablemente, el caso de Wanda I. Camacho demostró que teníamos razón”, expresó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Matria.
Según la organización, los pasados años se han caracterizado por acciones gubernamentales erráticas y equivocadas para atajar la violencia hacia las mujeres.
“Desde la aprobación de la Ley 54 en el año 1989, es un hecho que los funcionarios a cargo de su implantación en diversas agencias han mostrado resistencia a aplicarla efectivamente. Aun así, en momentos en los que el gobierno ha asumido una política pública clara de cero tolerancia a la violencia y de un escrutinio constante de sus propias acciones, se ha logrado que el sistema funcione y mejore. Sin embargo, desde el año 2009 no existe una política clara al respecto”, explicó la abogada. Las políticas y estrategias definidas desde modelos de trabajo que reconocen la desigualdad como una de las causas principales de la violencia de género deben ser la base de toda campaña pública, protocolos y acciones de gobierno.
Las campañas de “Promesa de Hombre”, la del Caballero de la Salsa y aún la de “Pero Hoy no es el Día” sólo logran trivializar el problema y dar la impresión de que la desigualdad y la violencia se pueden erradicar sin educación, sin procesos colectivos y desde el mero pensamiento positivo. A esto se le suma la fuerte influencia cristiana conservadora que ha permeado gran parte de las acciones gubernamentales.
“No podemos promover estereotipos de género y abandonar modelos de trabajo exitosos y luego esperar que los funcionarios de agencia actúen efectivamente para prevenir las muertes y agresiones hacia las mujeres. Al no fiscalizarse adecuadamente la implantación de la Ley 54 y al dar la impresión de que el problema no es grave-porque cada cual lo puede resolver orando o desde el ámbito privado- damos carta blanca a los funcionarios para desentenderse de sus deberes y los agresores para atacar a las mujeres. Ambos se sienten impunes ante un sistema que desvaloriza a las mujeres”, concluyó Pagán.
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