Parecía imposible, pero ocurrió: Los dos principales candidatos a la gobernación de la Isla unieron fuerzas por una causa. Lo lamentable es que esa unión se cristalizó por las razones y por la causa equivocada: La limitación del derecho a la fianza.
Probablemente algunas personas piensen que a una organización como Matria este tipo de medida le complacería. Después de todo, tanto Fortuño como García Padilla esgrimieron la tasa de asesinatos y de crímenes violentos como una de sus justificaciones para limitar este derecho constitucional. Sin embargo, nosotras sabemos que la violencia hacia las mujeres- y la violencia social en general- no se erradica con una estrategia de mano dura, sino con una estrategia de educación, prevención y de eliminación de la desigualdad y la pobreza. No nos puede complacer el ver cómo se le quitan derechos a las personas acusadas de delito y tampoco puede complacernos el que se utilice un discurso politiquero y de miedo para complacer al público de nuestra Isla que, como en un circo romano, se complace en enviar a la muerte y a la prisión a otros seres humanos sin hacer primero un análisis honesto sobre las razones de tanta violencia.
¿Será que la pobreza, esa que excluye a los niños y niñas de este país de buenas escuelas, tiene algo que ver?
¿Será que el discurso violento de líderes como Rivera Schatz y el propio Fortuño (sí a pesar de la suavidad al hablar es violento en contenido) crean en nuestra gente la impresión de que estamos en el viejo oeste y que sólo el más violento sobrevive?
¿Será que la insistencia en esperar soluciones divinas con los brazos cruzados nos ha hecho perder la oportunidad de empoderar a las comunidades para que se reinventen desde valores de paz y de amor al prójimo?
¿Será que estamos en un estado fascista en el que se considera que todas y todos somos estúpidos y necesitamos que el gobierno nos vigile, nos reprenda y nos controle?
Pedirnos que votemos por una enmienda consitucional que nos resta derechos a todas y todos y pedir que confiemos en un gobierno en el cual se fabrican casos, se persigue la disidencia y se asesinan inocentes desde la propia policía, es pedirnos que aceptemos perder el control de nuestra democracia y de nuestro país.
Por eso, en Matria, decimos NO a la enmienda constitucional para limitar el derecho a la fianza.
(por Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, Directora Ejecutiva)
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16 de mayo de 2012
2 de marzo de 2012
La Ley 54 no necesita revisiones sino acciones
Caguas,
Puerto Rico, viernes, 2 de marzo de 2012 – “La Ley 54 de violencia
doméstica no necesita revisiones sino acciones”, expresó Proyecto Matria en la
mañana de hoy.
Según la organización, lo
recientes casos de violencia en relaciones de pareja en la Isla han demostrado
que el peor enemigo de las mujeres que son víctimas es el sistema a cargo de
implantar la ley. “Consistentemente
hemos visto funcionarios que se niegan a aplicar la ley y se empeñan en juzgar
las mujeres desde sus valores machistas o fundamentalistas. Precisamente por eso vimos cómo se excluyó de
la aplicación de la Ley 54 a una mujer en una relación adúltera y a las parejas
del mismo sexo”, expresó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva
de la organización.
Proyecto Matria reiteró que la
erradicación de la violencia hacia las mujeres no puede depender exclusivamente
de legislación o de una política punitiva.
“Las mujeres de nuestra Isla necesitan que desde la sociedad civil se
asuma una defensa vertical y honesta de sus derechos humanos, aún frente a
entidades gubernamentales que utilizan el tema de violencia de género para
politiquear y hacer relaciones públicas”, añadió Pagán aludiendo- entre otras-
a campañas gubernamentales que considera sexistas como la Promesa de Hombre. La organización insistió en la importancia de
mantener servicios de apoyo, intercesoría legal, desarrollo económico y
vivienda transitoria para las sobrevivientes de violencia doméstica (de
género). También recalcó la importancia
de los trabajos de prevención.
Ésta añadió que en estos
momentos es muy improbable que el gobierno de turno promueva una revisión
positiva de la Ley 54 y que abrir esa puerta es poner en riesgo los avances
logrados hasta el presente. “Estamos en
tiempos en los que hay que fiscalizar y exigir el cumplimiento de la Ley y de
los protocolos que la apoyan”, puntualizó.
“Contamos con un ejecutivo y
una legislatura abiertamente vinculados a grupos religiosos conservadores que
además se negaron a dar paso a las enmiendas propuestas en el verano pasado
para incluir en la protección de Ley 54 a personas en relaciones clasificadas
de adúlteras por el Código Penal o a parejas del mismo sexo. Eso ya nos da una idea de lo que podríamos
esperar si se iniciara una revisión de dicha ley en este cuatrienio”, expresó
la abogada. Ésta también expresó que
para la organización no serían aceptables enmiendas o legislación que impliquen
la exclusión de las parejas del mismo sexo- u otras categorías de relaciones de
pareja- de la protección legal aplicable a parejas heterosexuales o casadas
legalmente.
“No sólo se trata de
garantizar los derechos humanos y la seguridad de toda persona que sufra
violencia en una relación de pareja, sino de honrar el espíritu de nuestra
Constitución y respetar la dignidad de todo ser humano desde un Estado laico”,
concluyó.
15 de febrero de 2012
Wanda I. Camacho: Víctima de un sistema colapsado ante la teocracia y el machismo
Caguas, Puerto Rico, miércoles, 15 de febrero de 2012 – “Mientras el gobierno insista en fomentar soluciones superficiales basadas en pensamientos religiosos y sexistas, la violencia hacia las mujeres encontrará aliados en un sistema en el que los funcionarios se sienten con el derecho a ignorar los protocolos de acción”, expresó Proyecto Matria en la mañana de hoy.
“Cuando el gobierno anunció con bombos y platillos la aprobación de los grilletes electrónicos para casos de Ley 54, nosotras advertimos que a pesar de que la idea era buena, si no existía un sistema de apoyo que respondiera a las situaciones de emergencia, sería una pérdida de tiempo. Lamentablemente, el caso de Wanda I. Camacho demostró que teníamos razón”, expresó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Matria.
Según la organización, los pasados años se han caracterizado por acciones gubernamentales erráticas y equivocadas para atajar la violencia hacia las mujeres.
“Desde la aprobación de la Ley 54 en el año 1989, es un hecho que los funcionarios a cargo de su implantación en diversas agencias han mostrado resistencia a aplicarla efectivamente. Aun así, en momentos en los que el gobierno ha asumido una política pública clara de cero tolerancia a la violencia y de un escrutinio constante de sus propias acciones, se ha logrado que el sistema funcione y mejore. Sin embargo, desde el año 2009 no existe una política clara al respecto”, explicó la abogada. Las políticas y estrategias definidas desde modelos de trabajo que reconocen la desigualdad como una de las causas principales de la violencia de género deben ser la base de toda campaña pública, protocolos y acciones de gobierno.
Las campañas de “Promesa de Hombre”, la del Caballero de la Salsa y aún la de “Pero Hoy no es el Día” sólo logran trivializar el problema y dar la impresión de que la desigualdad y la violencia se pueden erradicar sin educación, sin procesos colectivos y desde el mero pensamiento positivo. A esto se le suma la fuerte influencia cristiana conservadora que ha permeado gran parte de las acciones gubernamentales.
“No podemos promover estereotipos de género y abandonar modelos de trabajo exitosos y luego esperar que los funcionarios de agencia actúen efectivamente para prevenir las muertes y agresiones hacia las mujeres. Al no fiscalizarse adecuadamente la implantación de la Ley 54 y al dar la impresión de que el problema no es grave-porque cada cual lo puede resolver orando o desde el ámbito privado- damos carta blanca a los funcionarios para desentenderse de sus deberes y los agresores para atacar a las mujeres. Ambos se sienten impunes ante un sistema que desvaloriza a las mujeres”, concluyó Pagán.
“Cuando el gobierno anunció con bombos y platillos la aprobación de los grilletes electrónicos para casos de Ley 54, nosotras advertimos que a pesar de que la idea era buena, si no existía un sistema de apoyo que respondiera a las situaciones de emergencia, sería una pérdida de tiempo. Lamentablemente, el caso de Wanda I. Camacho demostró que teníamos razón”, expresó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Matria.
Según la organización, los pasados años se han caracterizado por acciones gubernamentales erráticas y equivocadas para atajar la violencia hacia las mujeres.
“Desde la aprobación de la Ley 54 en el año 1989, es un hecho que los funcionarios a cargo de su implantación en diversas agencias han mostrado resistencia a aplicarla efectivamente. Aun así, en momentos en los que el gobierno ha asumido una política pública clara de cero tolerancia a la violencia y de un escrutinio constante de sus propias acciones, se ha logrado que el sistema funcione y mejore. Sin embargo, desde el año 2009 no existe una política clara al respecto”, explicó la abogada. Las políticas y estrategias definidas desde modelos de trabajo que reconocen la desigualdad como una de las causas principales de la violencia de género deben ser la base de toda campaña pública, protocolos y acciones de gobierno.
Las campañas de “Promesa de Hombre”, la del Caballero de la Salsa y aún la de “Pero Hoy no es el Día” sólo logran trivializar el problema y dar la impresión de que la desigualdad y la violencia se pueden erradicar sin educación, sin procesos colectivos y desde el mero pensamiento positivo. A esto se le suma la fuerte influencia cristiana conservadora que ha permeado gran parte de las acciones gubernamentales.
“No podemos promover estereotipos de género y abandonar modelos de trabajo exitosos y luego esperar que los funcionarios de agencia actúen efectivamente para prevenir las muertes y agresiones hacia las mujeres. Al no fiscalizarse adecuadamente la implantación de la Ley 54 y al dar la impresión de que el problema no es grave-porque cada cual lo puede resolver orando o desde el ámbito privado- damos carta blanca a los funcionarios para desentenderse de sus deberes y los agresores para atacar a las mujeres. Ambos se sienten impunes ante un sistema que desvaloriza a las mujeres”, concluyó Pagán.
1 de noviembre de 2011
Taller para aprender a identificar agresiones
viernes, 28 de octubre de 2011
Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora
Pero las señales, identificadas o no por las personas cercanas a la víctima, seguramente estaban ahí.
Precisamente para que las comunidades puedan reconocer qué son incidentes de violencia doméstica y cómo se debe reaccionar a ellos, Matria organizó el Primer coloquio comunitario por la paz y seguridad de las mujeres, un esfuerzo para prevenir la violencia contra las mujeres.
“A veces tenemos la tendencia a normalizar y naturalizar ciertas conductas. A la gente le parece normal que un individuo, en medio de un coraje, le dé una patada al perro. Es un poco tratar de que las personas puedan ver que sí hay señales”, señaló la directora de Matria, Amárilis Pagán.
Además de trabajar con los factores de protección y los riesgos para las mujeres en situaciones de violencia doméstica, en el coloquio se ofrecerán herramientas para que conozcan qué se supone que haga el Estado cuando se reporta alguna situación.
“Hay personas que nos llaman a Matria a decirnos que han estado identificando situaciones con familiares y que no han recibido respuesta del sistema. La gente no sabe que si el policía no aparece (después que ya ha recibido la denuncia) lo que procede es pedir el nombre y el número de placa y radicar una querella”, explicó Pagán.
Aun cuando hizo énfasis en la obligación del Gobierno, la también abogada señaló que las comunidades también tienen una responsabilidad. “Está comprobado que una mujer va a ir primero a la comunidad antes de acudir al sistema a hablar de violencia doméstica. Va a hablar con una amiga, con alguien de la iglesia. Si las preparamos, vamos a salvar vidas”, afirmó.
El primero de dos coloquios será mañana, sábado, en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología en Caguas. La entrada es gratis. El segundo será el 5 de noviembre en Mayagüez y ambos son el preámbulo al Día Internacional de No Más Violencia Hacia las Mujeres.
Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora
Cada vez que matan a una mujer en un crimen de violencia doméstica no falta algún vecino que asegura que el victimario era bueno, trabajador y que no se le conocía mal carácter. La descripción raras veces, si alguna, corresponde a un agresor.
Precisamente para que las comunidades puedan reconocer qué son incidentes de violencia doméstica y cómo se debe reaccionar a ellos, Matria organizó el Primer coloquio comunitario por la paz y seguridad de las mujeres, un esfuerzo para prevenir la violencia contra las mujeres.
“A veces tenemos la tendencia a normalizar y naturalizar ciertas conductas. A la gente le parece normal que un individuo, en medio de un coraje, le dé una patada al perro. Es un poco tratar de que las personas puedan ver que sí hay señales”, señaló la directora de Matria, Amárilis Pagán.
Además de trabajar con los factores de protección y los riesgos para las mujeres en situaciones de violencia doméstica, en el coloquio se ofrecerán herramientas para que conozcan qué se supone que haga el Estado cuando se reporta alguna situación.
“Hay personas que nos llaman a Matria a decirnos que han estado identificando situaciones con familiares y que no han recibido respuesta del sistema. La gente no sabe que si el policía no aparece (después que ya ha recibido la denuncia) lo que procede es pedir el nombre y el número de placa y radicar una querella”, explicó Pagán.
Aun cuando hizo énfasis en la obligación del Gobierno, la también abogada señaló que las comunidades también tienen una responsabilidad. “Está comprobado que una mujer va a ir primero a la comunidad antes de acudir al sistema a hablar de violencia doméstica. Va a hablar con una amiga, con alguien de la iglesia. Si las preparamos, vamos a salvar vidas”, afirmó.
El primero de dos coloquios será mañana, sábado, en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología en Caguas. La entrada es gratis. El segundo será el 5 de noviembre en Mayagüez y ambos son el preámbulo al Día Internacional de No Más Violencia Hacia las Mujeres.
9 de agosto de 2011
La constante intromisión de las ideas religiosas en los asuntos de Estado
Se supone que vivimos en un Estado laico. No debemos resignarnos a la intromisión indebida de las iglesias en la toma de decisiones del gobierno y la judicatura.
Fallo contra asesino de mujer desata indignación
Líder feminista dijo que fue un “retroceso de tres décadas”
Por Eugenio Hopgood Dávila / ehopgood@elnuevodia.com
martes, 9 de agosto de 2011
La decisión de una jueza de Carolina que emitió un fallo de “asesinato atenuado” contra un hombre que mató a su esposa a tubazos implica “un retroceso de tres décadas en la historia del desarrollo de los derechos de la mujer en Puerto Rico”, opinó ayer una de las principales líderes feministas del País.
“Este tipo de apreciación hubiera sido común dos o tres décadas atrás cuando no teníamos la Ley 54 (contra la violencia doméstica) y no se tenía una comprensión clara de la dinámica de la violencia doméstica”, declaró Amarilis Pagán, directora ejecutiva del Proyecto Matria y portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres (MAM).
“Esto se retrotrae a tres décadas cundo se llama “pasionales” a estos crímenes”, agregó la licenciada Pagán.
La portavoz del MAM se refería al fallo emitido el vieres pasado por la jueza Inés Rivera Aquino, quien halló culpable a Leslie Javier Álvarez Vázquez de asesinato atenuado, delito que conlleva pena de 3 a 8 años de cárcel y hasta podría quedar libre en probatoria, en vez de por el asesinato en primer grado que se le imputaba y que hubiera llevado pena de 99 años de prisión.
Álvarez asesinó a Carolyn Sánchez, esposa de la cual estaba separado y madre de sus dos hijas, en la madrugada del Viernes Santo, el 2 de abril de 2010 en hogar de ella en la urbanización Jardines de Buena Vista, en Carolina.
Álvarez, de 34 años, admitió los hechos a los agentes de Homicidios e hizo una confesión formal en una declaración jurada ante el fiscal José Marrero.
La confesión de Álvarez fue admitida como evidencia.
Según los hechos admitidos, Álvarez subió al apartamento de un segundo piso donde vivía Carolyn. Allí vio mensajes en el teléfono del dueño de la pizzería donde ella laboraba y quien había iniciado una relación con la víctima. Discutieron, él le dijo que la quería y que regresara con él, ella rechazó la propuesta y él bajó y abordó su carro. Pero, una vez en el carro, agarró la palanca que se usa para aflojar las tuercas de las llantas y subió con dicho objeto en la mano. Continuó la discusión y él la golpeó con el tubo destrozándole la cabeza y el rostro, según la confesión y la evidencia física.
“Esto fue asesinato en primer grado porque hubo premeditación y acecho; entró, bajó escaleras, tuvo tiempo de pensar y regresó con un arma contundente para matarla”, sostuvo Pagán.
“El hecho de que justifique el asesinato, porque eso es lo que hizo la jueza, porque hubiese tenido una relación con otro hombre, es terrible”, declaró la líder feminista. “Es ir por la misma línea de la decisión reciente del Tribunal Supremo de que no aplica la Ley contra la Violencia Doméstica en caso de relación de adulterio”.
“Tengo que aceptar y respetar el fallo de la jueza pero no estoy satisfecha con ese resultado”, dijo por su parte la fiscal del caso, Laura Hernández Gutiérrez.
La fiscal dijo que como la jueza Rivera Aquino no explicó para récord el fundamentó de su fallo no tiene posibilidad de ir al Tribunal de Apelaciones. Agregó que como la jueza también lo absolvió del uso del arma contundente Álvarez podría incluso cualificar para quedarse en libertad probatoria tras el salvaje asesinato de la madre de sus hijas.
Los delitos graves de armas no cualifican para probatoria.
Obispo reclama otro currículo
martes, 9 de agosto de 2011
Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora
La petición del obispo de Arecibo para que el Departamento de Educación cambie algunos de los acercamientos en el currículo sobre sexualidad en las escuelas públicas fue catalogada ayer como una intromisión indebida porque, de la misma manera en que el Estado no se mete en los dogmas de la Iglesia, ninguna congregación religiosa debe imponer sus doctrinas al Estado.
En una extensa carta dirigida al Gobernador y al secretario de Educación, el obispo de Arecibo, Daniel Fernández Torres, pide que, entre otras cosas, “se eliminen los planteamientos propios de la perspectiva de género” y “que se revise cualquier referencia que pueda llevar a la enseñanza indiscriminada del “sexo seguro” entre los jóvenes”.
El Obispo asegura en la misiva que se siente en el deber “de iluminar las conciencias sobre algunos puntos contenidos en la Carta Circular número 2-2011-2012 del 19 de julio de 2011, que establece la política pública de educación sexual en las escuelas públicas del Departamento de Educación”.
Osvaldo Burgos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, aclaró que “si la Iglesia quiere transmitir sus dogmas, que lo haga en el espacio que está reservado a la Iglesia”.
“Lo primero que tengo que plantear es que es una intromisión indebida de parte de la Iglesia en los asuntos que son puramente de Estado”, indicó.
Con él coincidió la abogada e integrante del Movimiento Amplio de Mujeres, Amárilis Pagán, quien destacó que una cosa es lo que el Obispo le pueda decir a sus feligreses y otra “tratar de imponer sus creencias cristianas católicas al resto del país”.
“El deber del Estado es garantizar el respeto a la dignidad del ser humano y permitir que nuestros niños y niñas se puedan desarrollar con conocimientos científicos y tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus relaciones. El tema de la educación sexual de nuestra juventud no lo vamos a resolver con tabúes”, expuso la también directora ejecutiva de Matria.
En la Carta Circular se menciona el respeto a la diversidad sexual y los derechos de las personas a tener su propia concepción de los patrones de expresión de la identidad sexual, lo que hizo que Fernández Torres se cuestionara si eso significaba que un niño podía ir a la escuela vestido de niña. Fue incluso más lejos al señalar que ese término ambiguo “abre las puertas a la exaltación del subjetivismo y el relativismo moral”.
“¿Es el bestialismo, penalizado en nuestro sistema jurídico, una expresión válida de la sexualidad si la persona involucrada lo considera una expresión de su sexualidad?”, preguntó el religioso en su carta.
“Oponerse a la perspectiva de género con absurdos como los que presenta el Obispo lo que demuestra es total desconocimiento”, formuló Burgos.
Con él coincidió la psicóloga clínica Vivian Rodríguez, quien dijo que el cuestionamiento del Obispo sobre un niño que se vista de niña encierra un discurso homofóbico y misógino.
“No podemos continuar con los discursos de moralidad porque esto no es de moralidad. Compararlo con la bestialidad es llevarlo al absurdo”, observó la profesional de la conducta, quien lamentó que se intente demonizar la perspectiva de género. “Lo que realmente atenta contra la familia son los discursos patriarcales y machistas”.
Si a Burgos le pareció preocupante la carta del Obispo, más alarmante le resultó que el Gobernador dijera que hablará con el secretario de Educación porque tiene “algunos comentarios para hacerle”.
“Ya es momento de que el Estado asuma lo que es su responsabilidad; educar sobre perspectiva de género y evitar la intromisión indebida. Esta complacencia del Estado y el Gobernador frente al Obispo por sus creencias particulares o su temor por lo que pueda implicar políticamente no tiene por qué ser”, reiteró Burgos.
Acerca del énfasis que el Obispo quiere que se le dé a la abstención, Burgos manifestó que “estamos en un país donde no podemos estar educando de espaldas a la realidad”.
“Lo importante es que (los jóvenes) sepan lo que es la sexualidad responsable y que, si van a estar activos, que lo hagan protegidos. Eso eliminaría más problemas de los que supuestamente crea”, declaró. “Si el Gobernador cree en la abstinencia, pues que se abstenga él”.
Para Rodríguez, la pretensión del religioso es “totalmente irrealista”. “El problema no es la sexualidad, sino aprender prácticas responsables. Eso se aprende si es enseñado. Lo que nace naturalmente es la expresión sexual”, sostuvo la también profesora de la Universidad Interamericana.
A la psicóloga no le parece que haya un doble mensaje al hablar sobre abstinencia y sexo seguro en las escuelas.
“El doble mensaje lo mandan ellos cuando, por un lado, lo condenan (la sexualidad) y, por otro, protegen a los pedófilos. Eso sí que es inmoral. La abstinencia no les funciona ni a ellos”, expuso.
Pagán, por su parte, hizo hincapié en que las creencias son individuales. “El hecho de que la Iglesia solamente promueva el sexo dentro del matrimonio no quiere decir que otras personas con otras creencias religiosas u otras personas que no tengan ninguna creencia tengan que aceptar esa opinión como una verdad científica y única”, recalcó.
La doctora Gloria Mock, a cuyo texto Sexualidad: sus conceptos básicos se hace referencia en la Carta Circular, esbozó en un escrito que la sexualidad humana, a diferencia de la sexualidad animal, tiene una base biológica, pero es mayormente aprendida.
“La persona es libre para determinar la forma de expresar su sexualidad, guiada por sus creencias, valores y principios éticos”, detalló.
El proceso de aprendizaje sexual, según explicó la doctora, requiere tener información correcta sobre los distintos aspectos de la sexualidad, evitando los extremos de culpabilizar o de trivializar el sexo.
“Para tomar decisiones responsables sobre la actividad sexual, es necesario aprender destrezas conocidas como “inteligencia emocional” para formar el carácter y contrarrestar la presión del grupo y de los mensajes distorsionados”, expuso.
Según estudios citados por la doctora, los programas educativos sobre sexualidad más exitosos son los que, además de información, incluyen el acceso a métodos anticonceptivos. California, por ejemplo, tuvo el mayor descenso en la tasa de embarazos de adolescentes por una política pública que utilizó un modelo de educación sexual integral.
El Estado rechazó los fondos del Titulo V de “sólo abstinencia hasta el matrimonio”.
“El discurso de la abstinencia no es real”, reiteró Rodríguez.
Fallo contra asesino de mujer desata indignación
Líder feminista dijo que fue un “retroceso de tres décadas”
Por Eugenio Hopgood Dávila / ehopgood@elnuevodia.com
martes, 9 de agosto de 2011
La decisión de una jueza de Carolina que emitió un fallo de “asesinato atenuado” contra un hombre que mató a su esposa a tubazos implica “un retroceso de tres décadas en la historia del desarrollo de los derechos de la mujer en Puerto Rico”, opinó ayer una de las principales líderes feministas del País.
“Este tipo de apreciación hubiera sido común dos o tres décadas atrás cuando no teníamos la Ley 54 (contra la violencia doméstica) y no se tenía una comprensión clara de la dinámica de la violencia doméstica”, declaró Amarilis Pagán, directora ejecutiva del Proyecto Matria y portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres (MAM).
“Esto se retrotrae a tres décadas cundo se llama “pasionales” a estos crímenes”, agregó la licenciada Pagán.
La portavoz del MAM se refería al fallo emitido el vieres pasado por la jueza Inés Rivera Aquino, quien halló culpable a Leslie Javier Álvarez Vázquez de asesinato atenuado, delito que conlleva pena de 3 a 8 años de cárcel y hasta podría quedar libre en probatoria, en vez de por el asesinato en primer grado que se le imputaba y que hubiera llevado pena de 99 años de prisión.
Álvarez asesinó a Carolyn Sánchez, esposa de la cual estaba separado y madre de sus dos hijas, en la madrugada del Viernes Santo, el 2 de abril de 2010 en hogar de ella en la urbanización Jardines de Buena Vista, en Carolina.
Álvarez, de 34 años, admitió los hechos a los agentes de Homicidios e hizo una confesión formal en una declaración jurada ante el fiscal José Marrero.
La confesión de Álvarez fue admitida como evidencia.
Según los hechos admitidos, Álvarez subió al apartamento de un segundo piso donde vivía Carolyn. Allí vio mensajes en el teléfono del dueño de la pizzería donde ella laboraba y quien había iniciado una relación con la víctima. Discutieron, él le dijo que la quería y que regresara con él, ella rechazó la propuesta y él bajó y abordó su carro. Pero, una vez en el carro, agarró la palanca que se usa para aflojar las tuercas de las llantas y subió con dicho objeto en la mano. Continuó la discusión y él la golpeó con el tubo destrozándole la cabeza y el rostro, según la confesión y la evidencia física.
“Esto fue asesinato en primer grado porque hubo premeditación y acecho; entró, bajó escaleras, tuvo tiempo de pensar y regresó con un arma contundente para matarla”, sostuvo Pagán.
“El hecho de que justifique el asesinato, porque eso es lo que hizo la jueza, porque hubiese tenido una relación con otro hombre, es terrible”, declaró la líder feminista. “Es ir por la misma línea de la decisión reciente del Tribunal Supremo de que no aplica la Ley contra la Violencia Doméstica en caso de relación de adulterio”.
“Tengo que aceptar y respetar el fallo de la jueza pero no estoy satisfecha con ese resultado”, dijo por su parte la fiscal del caso, Laura Hernández Gutiérrez.
La fiscal dijo que como la jueza Rivera Aquino no explicó para récord el fundamentó de su fallo no tiene posibilidad de ir al Tribunal de Apelaciones. Agregó que como la jueza también lo absolvió del uso del arma contundente Álvarez podría incluso cualificar para quedarse en libertad probatoria tras el salvaje asesinato de la madre de sus hijas.
Los delitos graves de armas no cualifican para probatoria.
Obispo reclama otro currículo
martes, 9 de agosto de 2011
Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora
La petición del obispo de Arecibo para que el Departamento de Educación cambie algunos de los acercamientos en el currículo sobre sexualidad en las escuelas públicas fue catalogada ayer como una intromisión indebida porque, de la misma manera en que el Estado no se mete en los dogmas de la Iglesia, ninguna congregación religiosa debe imponer sus doctrinas al Estado.
En una extensa carta dirigida al Gobernador y al secretario de Educación, el obispo de Arecibo, Daniel Fernández Torres, pide que, entre otras cosas, “se eliminen los planteamientos propios de la perspectiva de género” y “que se revise cualquier referencia que pueda llevar a la enseñanza indiscriminada del “sexo seguro” entre los jóvenes”.
El Obispo asegura en la misiva que se siente en el deber “de iluminar las conciencias sobre algunos puntos contenidos en la Carta Circular número 2-2011-2012 del 19 de julio de 2011, que establece la política pública de educación sexual en las escuelas públicas del Departamento de Educación”.
Osvaldo Burgos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, aclaró que “si la Iglesia quiere transmitir sus dogmas, que lo haga en el espacio que está reservado a la Iglesia”.
“Lo primero que tengo que plantear es que es una intromisión indebida de parte de la Iglesia en los asuntos que son puramente de Estado”, indicó.
Con él coincidió la abogada e integrante del Movimiento Amplio de Mujeres, Amárilis Pagán, quien destacó que una cosa es lo que el Obispo le pueda decir a sus feligreses y otra “tratar de imponer sus creencias cristianas católicas al resto del país”.
“El deber del Estado es garantizar el respeto a la dignidad del ser humano y permitir que nuestros niños y niñas se puedan desarrollar con conocimientos científicos y tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus relaciones. El tema de la educación sexual de nuestra juventud no lo vamos a resolver con tabúes”, expuso la también directora ejecutiva de Matria.
En la Carta Circular se menciona el respeto a la diversidad sexual y los derechos de las personas a tener su propia concepción de los patrones de expresión de la identidad sexual, lo que hizo que Fernández Torres se cuestionara si eso significaba que un niño podía ir a la escuela vestido de niña. Fue incluso más lejos al señalar que ese término ambiguo “abre las puertas a la exaltación del subjetivismo y el relativismo moral”.
“¿Es el bestialismo, penalizado en nuestro sistema jurídico, una expresión válida de la sexualidad si la persona involucrada lo considera una expresión de su sexualidad?”, preguntó el religioso en su carta.
“Oponerse a la perspectiva de género con absurdos como los que presenta el Obispo lo que demuestra es total desconocimiento”, formuló Burgos.
Con él coincidió la psicóloga clínica Vivian Rodríguez, quien dijo que el cuestionamiento del Obispo sobre un niño que se vista de niña encierra un discurso homofóbico y misógino.
“No podemos continuar con los discursos de moralidad porque esto no es de moralidad. Compararlo con la bestialidad es llevarlo al absurdo”, observó la profesional de la conducta, quien lamentó que se intente demonizar la perspectiva de género. “Lo que realmente atenta contra la familia son los discursos patriarcales y machistas”.
Si a Burgos le pareció preocupante la carta del Obispo, más alarmante le resultó que el Gobernador dijera que hablará con el secretario de Educación porque tiene “algunos comentarios para hacerle”.
“Ya es momento de que el Estado asuma lo que es su responsabilidad; educar sobre perspectiva de género y evitar la intromisión indebida. Esta complacencia del Estado y el Gobernador frente al Obispo por sus creencias particulares o su temor por lo que pueda implicar políticamente no tiene por qué ser”, reiteró Burgos.
Acerca del énfasis que el Obispo quiere que se le dé a la abstención, Burgos manifestó que “estamos en un país donde no podemos estar educando de espaldas a la realidad”.
“Lo importante es que (los jóvenes) sepan lo que es la sexualidad responsable y que, si van a estar activos, que lo hagan protegidos. Eso eliminaría más problemas de los que supuestamente crea”, declaró. “Si el Gobernador cree en la abstinencia, pues que se abstenga él”.
Para Rodríguez, la pretensión del religioso es “totalmente irrealista”. “El problema no es la sexualidad, sino aprender prácticas responsables. Eso se aprende si es enseñado. Lo que nace naturalmente es la expresión sexual”, sostuvo la también profesora de la Universidad Interamericana.
A la psicóloga no le parece que haya un doble mensaje al hablar sobre abstinencia y sexo seguro en las escuelas.
“El doble mensaje lo mandan ellos cuando, por un lado, lo condenan (la sexualidad) y, por otro, protegen a los pedófilos. Eso sí que es inmoral. La abstinencia no les funciona ni a ellos”, expuso.
Pagán, por su parte, hizo hincapié en que las creencias son individuales. “El hecho de que la Iglesia solamente promueva el sexo dentro del matrimonio no quiere decir que otras personas con otras creencias religiosas u otras personas que no tengan ninguna creencia tengan que aceptar esa opinión como una verdad científica y única”, recalcó.
La doctora Gloria Mock, a cuyo texto Sexualidad: sus conceptos básicos se hace referencia en la Carta Circular, esbozó en un escrito que la sexualidad humana, a diferencia de la sexualidad animal, tiene una base biológica, pero es mayormente aprendida.
“La persona es libre para determinar la forma de expresar su sexualidad, guiada por sus creencias, valores y principios éticos”, detalló.
El proceso de aprendizaje sexual, según explicó la doctora, requiere tener información correcta sobre los distintos aspectos de la sexualidad, evitando los extremos de culpabilizar o de trivializar el sexo.
“Para tomar decisiones responsables sobre la actividad sexual, es necesario aprender destrezas conocidas como “inteligencia emocional” para formar el carácter y contrarrestar la presión del grupo y de los mensajes distorsionados”, expuso.
Según estudios citados por la doctora, los programas educativos sobre sexualidad más exitosos son los que, además de información, incluyen el acceso a métodos anticonceptivos. California, por ejemplo, tuvo el mayor descenso en la tasa de embarazos de adolescentes por una política pública que utilizó un modelo de educación sexual integral.
El Estado rechazó los fondos del Titulo V de “sólo abstinencia hasta el matrimonio”.
“El discurso de la abstinencia no es real”, reiteró Rodríguez.
28 de octubre de 2010
Proyecto Matria pide a la Cámara de Representantes que reevalúe el P. de la C. 2982
Comunicado de prensa para publicación inmediata
Caguas, Puerto Rico, miércoles, 27 de octubre de 2010- En una carta enviada a la representante María Vega Pagán, la organización Proyecto Matria le solicitó a la misma que reevalúe el Proyecto 2982 radicado ante la Cámara el 18 de octubre pasado.
Según la organización, aunque la intención de apoyar a las mujeres que sufren la violencia en relaciones de pareja es loable, el proyecto debe ser reevaluado para atemperarlo a las mejores prácticas en cuanto a programas de vivienda transitoria para esta población.
“Los programas de vivienda transitoria para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica no son nuevos en Puerto Rico o en Estados Unidos. Existen organizaciones especializadas en este tipo de servicio y sus modelos de trabajo reconocen que la vivienda por sí sola no es suficiente para garantizar la seguridad y tranquilidad de las víctimas”, explicó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria. Dicha entidad es hoy por hoy una de las más importantes en la Isla en el área de servicios de vivienda transitoria y autosuficiencia económica especializadas en atender a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica.
La abogada explicó, además, que a nivel federal se trabaja con periodos de servicio mínimos de seis meses y que una vivienda ofrecida bajo un programa de vivienda transitoria puede durar hasta 24 meses. Matria es la única organización que recibe fondos del Departamento de Justicia Federal en la Isla para ofrecer este servicio a esta población.
“Desde principios de la década del 2000, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres separaba una partida de su presupuesto estatal para ofrecer el servicio de vivienda transitoria a sobrevivientes de violencia doméstica. Esos vales se canalizaron por un tiempo a través del Departamento de la Vivienda, pero luego Proyecto Matria se encargaba de ofrecer el servicio debido a que la estructura gubernamental no lograba responder a las necesidades de las mujeres de la Isla que solicitaban el mismo. Sin embargo, los recortes al presupuesto de la OPM en los pasados años, obligaron a dicha oficina a disminuir los fondos disponibles para vivienda transitoria al extremo de que este año prácticamente no se subvencionó esa actividad”, explicó Pagán.
La organización se puso a la disposición de la representante para evaluar el proyecto y garantizar que el mismo responda a las necesidades de las sobrevivientes de violencia doméstica de la Isla.
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24 de septiembre de 2010
Invitado: Francisco Rodríguez
Director Ejecutivo de la Coalición de Coaliciones pro Personas sin Hogar
Le acompaña, la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez
Directora Ejecutiva de Proyecto Matria
¿Ya pusiste la Asamblea de Matria en tu agenda? Pues ya es hora de que lo hagas... Conoce nuestros logros y retos y ,de paso, acércate al tema de las mujeres sin hogar en Puerto Rico desde una perspectiva diferente y transgresora de los estereotipos que tradicionalmente se atan a estos temas.
Llama y confirma tu asistencia: 787-703-0148.
18 de agosto de 2010
Proyecto Matria exige acción en el caso de violencia machista del representante Luis Farinacci Morales
Comunicado de prensa
Caguas, Puerto Rico, miércoles, 18 de agosto de 2010- “Es momento de que la Legislatura, el Partido Popular y las agencias de seguridad demuestren al país su compromiso con la erradicación de la violencia de género” expresaron líderes de Proyecto Matria en la mañana de hoy haciendo referencia al caso del representante Luis Farinacci Morales.
Según la organización, casos como el del representante Farinacci definen en la opinión pública la percepción de cómo se manejará el resto de casos de violencia de género al amparo de la Ley 54. “Si por un lado le estamos pidiendo a las mujeres que sufren situaciones de violencia que la denuncien, que se protejan y que busquen ayuda, y por otro lado minimizamos o tratamos con negligencia casos que involucran a figuras públicas, se envía a las víctimas un mensaje terrible porque les damos a entender que el sistema no garantiza justicia y que se discrimina a favor de quien tiene poder”, expresó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora de Matria.
La organización destacó que en los casos de violencia en relaciones de pareja el poder y el control son ejes de una espiral de agresiones que van desde las agresiones verbales y sicológicas hasta el asesinato de la víctima. “Se debe repudiar públicamente todo incidente de esta índole. Es inaceptable llamar a esto un asunto privado porque no lo es. Cuando una mujer da un paso de esta magnitud y se atreve a denunciar a su agresor, hay que asumir una postura de apoyo y evitar que prejuicios de género nublen la percepción del público.” añadió Pagán. Ésta mencionó, además, que le sorprende cómo la gente puede dar más peso y atención a casos de robo que a casos de violencia de género. “Si a usted le roban un vehículo, inmediatamente radica una querella y pide a la fiscalía que encarcele al ladrón. Sin embargo, cuando es un caso al amparo de la Ley 54 vienen los “ay bendito” y las excepciones por temor a que se encarcele al agresor. ¿Qué vale más, un objeto o una mujer? Estos casos son serios y deben atenderse con todo el rigor de la ley. Quien no quiera ir a la cárcel que no cometa el delito.” apuntó la abogada.
La organización opinó que el representante Luis Farinacci debe renunciar a su cargo. “La declaración jurada de la señora Rivera es contundente y terrible. En este momento nos merece credibilidad pues se ajusta al patrón que hemos observado en otros casos de esta naturaleza. Para ser representante se requiere compromiso con el bienestar del país y el respeto a la ley. Con sus actos, el Sr. Farinacci no demuestra ese tipo de compromiso”.
Proyecto Matria es una organización dedicada a atender mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y/o jefas de familia de bajos ingresos para brindarles la oportunidad de alcanzar su autosuficiencia económica.
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Caguas, Puerto Rico, miércoles, 18 de agosto de 2010- “Es momento de que la Legislatura, el Partido Popular y las agencias de seguridad demuestren al país su compromiso con la erradicación de la violencia de género” expresaron líderes de Proyecto Matria en la mañana de hoy haciendo referencia al caso del representante Luis Farinacci Morales.
Según la organización, casos como el del representante Farinacci definen en la opinión pública la percepción de cómo se manejará el resto de casos de violencia de género al amparo de la Ley 54. “Si por un lado le estamos pidiendo a las mujeres que sufren situaciones de violencia que la denuncien, que se protejan y que busquen ayuda, y por otro lado minimizamos o tratamos con negligencia casos que involucran a figuras públicas, se envía a las víctimas un mensaje terrible porque les damos a entender que el sistema no garantiza justicia y que se discrimina a favor de quien tiene poder”, expresó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora de Matria.
La organización destacó que en los casos de violencia en relaciones de pareja el poder y el control son ejes de una espiral de agresiones que van desde las agresiones verbales y sicológicas hasta el asesinato de la víctima. “Se debe repudiar públicamente todo incidente de esta índole. Es inaceptable llamar a esto un asunto privado porque no lo es. Cuando una mujer da un paso de esta magnitud y se atreve a denunciar a su agresor, hay que asumir una postura de apoyo y evitar que prejuicios de género nublen la percepción del público.” añadió Pagán. Ésta mencionó, además, que le sorprende cómo la gente puede dar más peso y atención a casos de robo que a casos de violencia de género. “Si a usted le roban un vehículo, inmediatamente radica una querella y pide a la fiscalía que encarcele al ladrón. Sin embargo, cuando es un caso al amparo de la Ley 54 vienen los “ay bendito” y las excepciones por temor a que se encarcele al agresor. ¿Qué vale más, un objeto o una mujer? Estos casos son serios y deben atenderse con todo el rigor de la ley. Quien no quiera ir a la cárcel que no cometa el delito.” apuntó la abogada.
La organización opinó que el representante Luis Farinacci debe renunciar a su cargo. “La declaración jurada de la señora Rivera es contundente y terrible. En este momento nos merece credibilidad pues se ajusta al patrón que hemos observado en otros casos de esta naturaleza. Para ser representante se requiere compromiso con el bienestar del país y el respeto a la ley. Con sus actos, el Sr. Farinacci no demuestra ese tipo de compromiso”.
Proyecto Matria es una organización dedicada a atender mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y/o jefas de familia de bajos ingresos para brindarles la oportunidad de alcanzar su autosuficiencia económica.
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16 de junio de 2010
Proyecto Matria hace un llamado urgente a que el Gobierno asuma responsabilidad ante la ola de violencia doméstica
Comunicado de prensa para publicación inmediata:
Caguas, Puerto Rico, miércoles, 16 de junio de 2010- Luego de reportarse un nuevo incidente de violencia doméstica en la tarde de hoy, la organización Proyecto Matria hizo un llamado urgente para que las entidades de gobierno actúen de manera inmediata para detener la racha de asesinatos de los últimos días.
“Con la violencia doméstica no se puede bajar la guardia”, expresó su directora ejecutiva, la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez. Según ésta, la violencia doméstica es el resultado de un entorno social en el cual aún se fomentan estereotipos que asignan a los varones roles violentos y de control y a las mujeres roles de sumisión e indefensión.
“Este tipo de entorno no cambiará espontáneamente. Por lo tanto, erradicar la violencia doméstica requiere un esfuerzo coordinado entre agencias de gobierno y comunidad. No podemos depender de campañas educativas esporádicas, o de la idea de que toda agencia está haciendo su trabajo tal y como establecen los protocolos. La realidad es que un anuncio de vez en cuando y la mera buena voluntad de algunos funcionarios de la policía, fiscalía y tribunales no es suficiente para garantizar la seguridad de las mujeres”, añadió la abogada.
Ésta fue enfática al advertir que una agenda para detener la violencia doméstica debe incluir al menos los siguientes aspectos:
1. Una campaña pública y consistente a través de los medios que permita a la ciudadanía identificar indicadores de violencia doméstica y de letalidad, así como los lugares en los cuales se puede encontrar apoyo para las víctimas.
2. La inversión económica en proyectos de prevención de violencia por género que trabajen con jóvenes de ambos sexos, adultas y adultos (en los rangos de edad de mayor incidencia) y la comunidad en general para que creen conciencia sobre las causas de la violencia, se autoevalúen e inicien cambios positivos de conducta.
3. Una mayor inversión económica en organizaciones de servicio dedicadas a atender a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica- Según la directora de Matria, está comprobado estadísticamente que muchas mujeres prefieren ir a buscar ayuda a una entidad no gubernamental antes que a la Policía o al Tribunal. Estas organizaciones no sólo están preparadas para identificar los elementos de la violencia doméstica, sino que pueden identificar indicadores de riesgo inminente de muerte y apoyar a las mujeres en el proceso de denunciar al agresor y tomar medidas de seguridad como el acudir a un albergue.
4. Fiscalizar el trabajo de las agencias de ley y orden obligadas a intervenir en estos casos- Aunque existen protocolos que establecen cómo deben manejarse estos casos, no existe una uniformidad que garantice a las mujeres un trato justo y adecuado cuando van a la Policía, Tribunales o Policía a buscar ayuda.
5. Adoptar a nivel gubernamental un discurso y un lenguaje de cero tolerancia a la violencia doméstica- Según Matria, no basta con la campaña de Promesa de Hombre, que estereotipa aún más la relación entre hombres y mujeres. El gobierno debería tener una consistencia en sus expresiones y acciones relativas a todo lo que tiene que ver con los estereotipos de género que tanto promueven la violencia hacia las mujeres.
6. Incrementar esfuerzos para lograr seguridad económica para las mujeres- La abogada señaló que la precariedad económica y la pobreza son elementos que hacen más vulnerables a las mujeres frente a la violencia doméstica y otros tipos de violencia. Actualmente, y debido a los despidos en el sector público y privado, un mayor número de mujeres está viviendo con ingresos bajos y careciendo de servicios de apoyo que les permitan evadir la violencia.
7. Exigir a los profesionales de salud y de servicios sicosociales que denuncien y procesen los casos de violencia doméstica que identifican en sus prácticas profesionales.
La organización hizo un llamado a la Legislatura y al Gobernador para que apoyen presupuestariamente a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres de manera que los trabajos de coordinación y fiscalización interagencial que la misma está obligada a realizar por ley puedan tener una continuidad. También hizo un llamado urgente a que se remire la Carta Circular sobre los currículos sobre perspectiva de género que fue derogada por el ex secretario de Educación Carlos Chardón.
Proyecto Matria es una organización dedicada a atender mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y/o jefas de familia de bajos ingresos para brindarles la oportunidad de alcanzar su autosuficiencia económica.
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Caguas, Puerto Rico, miércoles, 16 de junio de 2010- Luego de reportarse un nuevo incidente de violencia doméstica en la tarde de hoy, la organización Proyecto Matria hizo un llamado urgente para que las entidades de gobierno actúen de manera inmediata para detener la racha de asesinatos de los últimos días.
“Con la violencia doméstica no se puede bajar la guardia”, expresó su directora ejecutiva, la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez. Según ésta, la violencia doméstica es el resultado de un entorno social en el cual aún se fomentan estereotipos que asignan a los varones roles violentos y de control y a las mujeres roles de sumisión e indefensión.
“Este tipo de entorno no cambiará espontáneamente. Por lo tanto, erradicar la violencia doméstica requiere un esfuerzo coordinado entre agencias de gobierno y comunidad. No podemos depender de campañas educativas esporádicas, o de la idea de que toda agencia está haciendo su trabajo tal y como establecen los protocolos. La realidad es que un anuncio de vez en cuando y la mera buena voluntad de algunos funcionarios de la policía, fiscalía y tribunales no es suficiente para garantizar la seguridad de las mujeres”, añadió la abogada.
Ésta fue enfática al advertir que una agenda para detener la violencia doméstica debe incluir al menos los siguientes aspectos:
1. Una campaña pública y consistente a través de los medios que permita a la ciudadanía identificar indicadores de violencia doméstica y de letalidad, así como los lugares en los cuales se puede encontrar apoyo para las víctimas.
2. La inversión económica en proyectos de prevención de violencia por género que trabajen con jóvenes de ambos sexos, adultas y adultos (en los rangos de edad de mayor incidencia) y la comunidad en general para que creen conciencia sobre las causas de la violencia, se autoevalúen e inicien cambios positivos de conducta.
3. Una mayor inversión económica en organizaciones de servicio dedicadas a atender a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica- Según la directora de Matria, está comprobado estadísticamente que muchas mujeres prefieren ir a buscar ayuda a una entidad no gubernamental antes que a la Policía o al Tribunal. Estas organizaciones no sólo están preparadas para identificar los elementos de la violencia doméstica, sino que pueden identificar indicadores de riesgo inminente de muerte y apoyar a las mujeres en el proceso de denunciar al agresor y tomar medidas de seguridad como el acudir a un albergue.
4. Fiscalizar el trabajo de las agencias de ley y orden obligadas a intervenir en estos casos- Aunque existen protocolos que establecen cómo deben manejarse estos casos, no existe una uniformidad que garantice a las mujeres un trato justo y adecuado cuando van a la Policía, Tribunales o Policía a buscar ayuda.
5. Adoptar a nivel gubernamental un discurso y un lenguaje de cero tolerancia a la violencia doméstica- Según Matria, no basta con la campaña de Promesa de Hombre, que estereotipa aún más la relación entre hombres y mujeres. El gobierno debería tener una consistencia en sus expresiones y acciones relativas a todo lo que tiene que ver con los estereotipos de género que tanto promueven la violencia hacia las mujeres.
6. Incrementar esfuerzos para lograr seguridad económica para las mujeres- La abogada señaló que la precariedad económica y la pobreza son elementos que hacen más vulnerables a las mujeres frente a la violencia doméstica y otros tipos de violencia. Actualmente, y debido a los despidos en el sector público y privado, un mayor número de mujeres está viviendo con ingresos bajos y careciendo de servicios de apoyo que les permitan evadir la violencia.
7. Exigir a los profesionales de salud y de servicios sicosociales que denuncien y procesen los casos de violencia doméstica que identifican en sus prácticas profesionales.
La organización hizo un llamado a la Legislatura y al Gobernador para que apoyen presupuestariamente a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres de manera que los trabajos de coordinación y fiscalización interagencial que la misma está obligada a realizar por ley puedan tener una continuidad. También hizo un llamado urgente a que se remire la Carta Circular sobre los currículos sobre perspectiva de género que fue derogada por el ex secretario de Educación Carlos Chardón.
Proyecto Matria es una organización dedicada a atender mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y/o jefas de familia de bajos ingresos para brindarles la oportunidad de alcanzar su autosuficiencia económica.
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24 de abril de 2010
sábado, 24 de abril de 2010 Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora
El mandamiento, más que bíblico, humanista de hacer el bien sin mirar a quién es una instrucción que decenas de instituciones sin fines de lucro siguen al pie de la letra, pero los obstáculos que enfrentan para cumplir con su propósito social las ponen a prueba en cada paso que dan.
El director ejecutivo de Iniciativa Comunitaria (IC), José Vargas Vidot, por ejemplo, a veces ha sentido que el mayor impedimento que enfrenta es, irónicamente, cuando ha querido hacer cosas gratis. “A veces yo digo que hacer el bien es una locura y me pongo a pensar en que es más fácil que una persona ponga un cabaret”, señaló el médico que trabaja directamente con la población de deambulantes y usuarios de drogas.
Como ejemplo de los múltiples inconvenientes que vive para ofrecer los servicios, explicó que hace más de un año la entidad intenta ponerle techo al patio donde sirve comida. “Ese proyecto se ha atrasado de tal forma que el edificio que está en la esquina se construyó más fácil y más rápido y empezamos al mismo tiempo. Renovamos el permiso de ARPE cada centímetro que se cambia. Cada vez que me asomaba a la ventana, el edificio crecía y yo no tenía ni una tabla”, explicó para ilustrar los escollos de la burocracia.
La ausencia del concepto de responsabilidad social también complica la labor de las entidades sin fines de lucro porque no existen acuerdos de colaboración a perpetuidad.
“En Puerto Rico es mucho más fácil levantar estructuras de vivienda que levantar el edificio humano”, analizó Vargas Vidot, quien, no obstante, abraza la posibilidad de hacer el bien porque es una forma “de alimentar el alma”.
Para la directora ejecutiva de Matria, Amárilis Pagán, la visión equivocada de que las instituciones sin fines de lucro no necesitan dinero para operar pone de manifiesto el menosprecio a los profesionales que trabajan en este tipo de organización.
“El Gobierno y otras entidades que dan fondos operan desde una mentalidad bien estrecha en cuanto al dinero. Se piensa que la persona que trabaja en entidades sin fines de lucro merece un salario menor”, indicó la licenciada.
Aunque Pagán no tiene duda de que es el Gobierno el principal responsable de garantizar los derechos humanos, “no podemos sentarnos a esperar que dé dinero para esto”. Por eso y porque en la entidad buscan lograr que mujeres víctimas de violencia doméstica logren independencia económica, ahora se mueven hacia el empresarismo social para mantenerse ideológicamente independientes de cualquier gobierno de turno.
Sin ataduras religiosas, Pagán no puede separar el amor al prójimo como la razón principal para trabajar con un sector que necesita una atención particular. “Este trabajo no se puede hacer si no hay un componente de amor. A nivel personal, mi conciencia no estaría tranquila si yo me fuera a montar una oficina de abogada”, reflexionó.
En el caso de las hermanas Glenda, Blanca y Sonia, aunque reconocen que la burocracia atrasa mucho, sobre todo los pagos, se sienten bendecidas de poder mantener su misión en San Agustín del Coquí. El hecho de ser monjas y no devengar salario les permite tener unas finanzas más estables.
“Nosotras tres no cobramos sueldo, las facilidades las operamos desde nuestra propia residencia y usamos unos carros ya de mucho tiempo que no deben”, comentó la hermana Glenda, una de las tres religiosas que mantiene en las montañas de Aguas Buenas un proyecto para trabajar con niños y niñas víctimas de maltrato y con sus padres biológicos o adoptivos.
El mandamiento, más que bíblico, humanista de hacer el bien sin mirar a quién es una instrucción que decenas de instituciones sin fines de lucro siguen al pie de la letra, pero los obstáculos que enfrentan para cumplir con su propósito social las ponen a prueba en cada paso que dan.
El director ejecutivo de Iniciativa Comunitaria (IC), José Vargas Vidot, por ejemplo, a veces ha sentido que el mayor impedimento que enfrenta es, irónicamente, cuando ha querido hacer cosas gratis. “A veces yo digo que hacer el bien es una locura y me pongo a pensar en que es más fácil que una persona ponga un cabaret”, señaló el médico que trabaja directamente con la población de deambulantes y usuarios de drogas.
Como ejemplo de los múltiples inconvenientes que vive para ofrecer los servicios, explicó que hace más de un año la entidad intenta ponerle techo al patio donde sirve comida. “Ese proyecto se ha atrasado de tal forma que el edificio que está en la esquina se construyó más fácil y más rápido y empezamos al mismo tiempo. Renovamos el permiso de ARPE cada centímetro que se cambia. Cada vez que me asomaba a la ventana, el edificio crecía y yo no tenía ni una tabla”, explicó para ilustrar los escollos de la burocracia.
La ausencia del concepto de responsabilidad social también complica la labor de las entidades sin fines de lucro porque no existen acuerdos de colaboración a perpetuidad.
“En Puerto Rico es mucho más fácil levantar estructuras de vivienda que levantar el edificio humano”, analizó Vargas Vidot, quien, no obstante, abraza la posibilidad de hacer el bien porque es una forma “de alimentar el alma”.
Para la directora ejecutiva de Matria, Amárilis Pagán, la visión equivocada de que las instituciones sin fines de lucro no necesitan dinero para operar pone de manifiesto el menosprecio a los profesionales que trabajan en este tipo de organización.
“El Gobierno y otras entidades que dan fondos operan desde una mentalidad bien estrecha en cuanto al dinero. Se piensa que la persona que trabaja en entidades sin fines de lucro merece un salario menor”, indicó la licenciada.
Aunque Pagán no tiene duda de que es el Gobierno el principal responsable de garantizar los derechos humanos, “no podemos sentarnos a esperar que dé dinero para esto”. Por eso y porque en la entidad buscan lograr que mujeres víctimas de violencia doméstica logren independencia económica, ahora se mueven hacia el empresarismo social para mantenerse ideológicamente independientes de cualquier gobierno de turno.
Sin ataduras religiosas, Pagán no puede separar el amor al prójimo como la razón principal para trabajar con un sector que necesita una atención particular. “Este trabajo no se puede hacer si no hay un componente de amor. A nivel personal, mi conciencia no estaría tranquila si yo me fuera a montar una oficina de abogada”, reflexionó.
En el caso de las hermanas Glenda, Blanca y Sonia, aunque reconocen que la burocracia atrasa mucho, sobre todo los pagos, se sienten bendecidas de poder mantener su misión en San Agustín del Coquí. El hecho de ser monjas y no devengar salario les permite tener unas finanzas más estables.
“Nosotras tres no cobramos sueldo, las facilidades las operamos desde nuestra propia residencia y usamos unos carros ya de mucho tiempo que no deben”, comentó la hermana Glenda, una de las tres religiosas que mantiene en las montañas de Aguas Buenas un proyecto para trabajar con niños y niñas víctimas de maltrato y con sus padres biológicos o adoptivos.
sábado, 24 de abril de 2010 Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora
El mandamiento, más que bíblico, humanista de hacer el bien sin mirar a quién es una instrucción que decenas de instituciones sin fines de lucro siguen al pie de la letra, pero los obstáculos que enfrentan para cumplir con su propósito social las ponen a prueba en cada paso que dan.
El director ejecutivo de Iniciativa Comunitaria (IC), José Vargas Vidot, por ejemplo, a veces ha sentido que el mayor impedimento que enfrenta es, irónicamente, cuando ha querido hacer cosas gratis. “A veces yo digo que hacer el bien es una locura y me pongo a pensar en que es más fácil que una persona ponga un cabaret”, señaló el médico que trabaja directamente con la población de deambulantes y usuarios de drogas.
Como ejemplo de los múltiples inconvenientes que vive para ofrecer los servicios, explicó que hace más de un año la entidad intenta ponerle techo al patio donde sirve comida. “Ese proyecto se ha atrasado de tal forma que el edificio que está en la esquina se construyó más fácil y más rápido y empezamos al mismo tiempo. Renovamos el permiso de ARPE cada centímetro que se cambia. Cada vez que me asomaba a la ventana, el edificio crecía y yo no tenía ni una tabla”, explicó para ilustrar los escollos de la burocracia.
La ausencia del concepto de responsabilidad social también complica la labor de las entidades sin fines de lucro porque no existen acuerdos de colaboración a perpetuidad.
“En Puerto Rico es mucho más fácil levantar estructuras de vivienda que levantar el edificio humano”, analizó Vargas Vidot, quien, no obstante, abraza la posibilidad de hacer el bien porque es una forma “de alimentar el alma”.
Para la directora ejecutiva de Matria, Amárilis Pagán, la visión equivocada de que las instituciones sin fines de lucro no necesitan dinero para operar pone de manifiesto el menosprecio a los profesionales que trabajan en este tipo de organización.
“El Gobierno y otras entidades que dan fondos operan desde una mentalidad bien estrecha en cuanto al dinero. Se piensa que la persona que trabaja en entidades sin fines de lucro merece un salario menor”, indicó la licenciada.
Aunque Pagán no tiene duda de que es el Gobierno el principal responsable de garantizar los derechos humanos, “no podemos sentarnos a esperar que dé dinero para esto”. Por eso y porque en la entidad buscan lograr que mujeres víctimas de violencia doméstica logren independencia económica, ahora se mueven hacia el empresarismo social para mantenerse ideológicamente independientes de cualquier gobierno de turno.
Sin ataduras religiosas, Pagán no puede separar el amor al prójimo como la razón principal para trabajar con un sector que necesita una atención particular. “Este trabajo no se puede hacer si no hay un componente de amor. A nivel personal, mi conciencia no estaría tranquila si yo me fuera a montar una oficina de abogada”, reflexionó.
En el caso de las hermanas Glenda, Blanca y Sonia, aunque reconocen que la burocracia atrasa mucho, sobre todo los pagos, se sienten bendecidas de poder mantener su misión en San Agustín del Coquí. El hecho de ser monjas y no devengar salario les permite tener unas finanzas más estables.
“Nosotras tres no cobramos sueldo, las facilidades las operamos desde nuestra propia residencia y usamos unos carros ya de mucho tiempo que no deben”, comentó la hermana Glenda, una de las tres religiosas que mantiene en las montañas de Aguas Buenas un proyecto para trabajar con niños y niñas víctimas de maltrato y con sus padres biológicos o adoptivos.
El mandamiento, más que bíblico, humanista de hacer el bien sin mirar a quién es una instrucción que decenas de instituciones sin fines de lucro siguen al pie de la letra, pero los obstáculos que enfrentan para cumplir con su propósito social las ponen a prueba en cada paso que dan.
El director ejecutivo de Iniciativa Comunitaria (IC), José Vargas Vidot, por ejemplo, a veces ha sentido que el mayor impedimento que enfrenta es, irónicamente, cuando ha querido hacer cosas gratis. “A veces yo digo que hacer el bien es una locura y me pongo a pensar en que es más fácil que una persona ponga un cabaret”, señaló el médico que trabaja directamente con la población de deambulantes y usuarios de drogas.
Como ejemplo de los múltiples inconvenientes que vive para ofrecer los servicios, explicó que hace más de un año la entidad intenta ponerle techo al patio donde sirve comida. “Ese proyecto se ha atrasado de tal forma que el edificio que está en la esquina se construyó más fácil y más rápido y empezamos al mismo tiempo. Renovamos el permiso de ARPE cada centímetro que se cambia. Cada vez que me asomaba a la ventana, el edificio crecía y yo no tenía ni una tabla”, explicó para ilustrar los escollos de la burocracia.
La ausencia del concepto de responsabilidad social también complica la labor de las entidades sin fines de lucro porque no existen acuerdos de colaboración a perpetuidad.
“En Puerto Rico es mucho más fácil levantar estructuras de vivienda que levantar el edificio humano”, analizó Vargas Vidot, quien, no obstante, abraza la posibilidad de hacer el bien porque es una forma “de alimentar el alma”.
Para la directora ejecutiva de Matria, Amárilis Pagán, la visión equivocada de que las instituciones sin fines de lucro no necesitan dinero para operar pone de manifiesto el menosprecio a los profesionales que trabajan en este tipo de organización.
“El Gobierno y otras entidades que dan fondos operan desde una mentalidad bien estrecha en cuanto al dinero. Se piensa que la persona que trabaja en entidades sin fines de lucro merece un salario menor”, indicó la licenciada.
Aunque Pagán no tiene duda de que es el Gobierno el principal responsable de garantizar los derechos humanos, “no podemos sentarnos a esperar que dé dinero para esto”. Por eso y porque en la entidad buscan lograr que mujeres víctimas de violencia doméstica logren independencia económica, ahora se mueven hacia el empresarismo social para mantenerse ideológicamente independientes de cualquier gobierno de turno.
Sin ataduras religiosas, Pagán no puede separar el amor al prójimo como la razón principal para trabajar con un sector que necesita una atención particular. “Este trabajo no se puede hacer si no hay un componente de amor. A nivel personal, mi conciencia no estaría tranquila si yo me fuera a montar una oficina de abogada”, reflexionó.
En el caso de las hermanas Glenda, Blanca y Sonia, aunque reconocen que la burocracia atrasa mucho, sobre todo los pagos, se sienten bendecidas de poder mantener su misión en San Agustín del Coquí. El hecho de ser monjas y no devengar salario les permite tener unas finanzas más estables.
“Nosotras tres no cobramos sueldo, las facilidades las operamos desde nuestra propia residencia y usamos unos carros ya de mucho tiempo que no deben”, comentó la hermana Glenda, una de las tres religiosas que mantiene en las montañas de Aguas Buenas un proyecto para trabajar con niños y niñas víctimas de maltrato y con sus padres biológicos o adoptivos.
23 de febrero de 2010
Kimmey Raschke somete en compañía de la Procuradora de las Mujeres enmienda a la Ley 54 que ya existía
martes, 23 de febrero de 2010 Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora
Llegaron regias. Estaban impecables y convencidas de que la enmienda que presentarían para fortalecer la Ley 54 sería un gran adelanto en la lucha por detener la violencia doméstica. Un buen intento, sin duda, pero la enmienda existe desde 2005.
La senadora del Partido Nuevo Progresista Kimmey Raschke sometió, acompañada de la procuradora de las Mujeres, un proyecto para que se aumente la severidad de la sanción a los que violen las órdenes de protección. La enmienda cambiaría el delito de menos grave a grave.
Pero es que ya es así.
“Con el Proyecto del Senado 1423 vamos a fortalecer la Ley 54 aumentando de delito menos grave a delito grave en tercer grado la tipificación de la violación de una orden de protección porque nos hemos dado cuenta que el sancionar como delito menos grave dicha violación conlleva al incumplimiento de la misma”, explicó la senadora, sin saber del P. de la C. 2149 del 2005.
La ex jueza y ahora procuradora, Yvonne Feliciano, estuvo junto a Raschke para respaldarla en su iniciativa.
“Funciona el protocolo y la ley funciona si nosotros la hacemos valer”, señaló la Procuradora.
La abogada y directora de Matria, Amárilis Pagán, denunció que eso denota que “ni siquiera se tomaron el tiempo de hacer una búsqueda”.
“En el Senado tenemos un grupo de senadoras tan y tan ignorantes con los asuntos de género que son capaces de radicar proyectos de ley de cosas que ya existen”, declaró.
Para ella, eso no es más que un síntoma de la visión que tiene el Gobierno. “Están tratando de parecer que están trabajando mucho, pero están demostrando lo contrario. No se han sentado a hacer su trabajo de investigación”, reiteró.
La enmienda de 2005, según Pagán, fue una iniciativa de la Oficina de la Procuradora que se trabajó con el Caucus de la Mujer.
El año pasado se intentó someter una enmienda parecida y Johanne Vélez, en ese momento procuradora interina, depuso para explicar que no era necesario.
“Si hasta en Google aparece la ponencia”, aseguró Pagán. Y es cierto.
http://www.primerahora.com/diario/noticia/gobierno_y_politica/noticias/kimmey_raschke_somete_en_compania_de_la_procuradora_de_las_mujeres_enmienda_a_la__ley_54_que_ya_existia/369035
Llegaron regias. Estaban impecables y convencidas de que la enmienda que presentarían para fortalecer la Ley 54 sería un gran adelanto en la lucha por detener la violencia doméstica. Un buen intento, sin duda, pero la enmienda existe desde 2005.
La senadora del Partido Nuevo Progresista Kimmey Raschke sometió, acompañada de la procuradora de las Mujeres, un proyecto para que se aumente la severidad de la sanción a los que violen las órdenes de protección. La enmienda cambiaría el delito de menos grave a grave.
Pero es que ya es así.
“Con el Proyecto del Senado 1423 vamos a fortalecer la Ley 54 aumentando de delito menos grave a delito grave en tercer grado la tipificación de la violación de una orden de protección porque nos hemos dado cuenta que el sancionar como delito menos grave dicha violación conlleva al incumplimiento de la misma”, explicó la senadora, sin saber del P. de la C. 2149 del 2005.
La ex jueza y ahora procuradora, Yvonne Feliciano, estuvo junto a Raschke para respaldarla en su iniciativa.
“Funciona el protocolo y la ley funciona si nosotros la hacemos valer”, señaló la Procuradora.
La abogada y directora de Matria, Amárilis Pagán, denunció que eso denota que “ni siquiera se tomaron el tiempo de hacer una búsqueda”.
“En el Senado tenemos un grupo de senadoras tan y tan ignorantes con los asuntos de género que son capaces de radicar proyectos de ley de cosas que ya existen”, declaró.
Para ella, eso no es más que un síntoma de la visión que tiene el Gobierno. “Están tratando de parecer que están trabajando mucho, pero están demostrando lo contrario. No se han sentado a hacer su trabajo de investigación”, reiteró.
La enmienda de 2005, según Pagán, fue una iniciativa de la Oficina de la Procuradora que se trabajó con el Caucus de la Mujer.
El año pasado se intentó someter una enmienda parecida y Johanne Vélez, en ese momento procuradora interina, depuso para explicar que no era necesario.
“Si hasta en Google aparece la ponencia”, aseguró Pagán. Y es cierto.
http://www.primerahora.com/diario/noticia/gobierno_y_politica/noticias/kimmey_raschke_somete_en_compania_de_la_procuradora_de_las_mujeres_enmienda_a_la__ley_54_que_ya_existia/369035
24 de septiembre de 2009
El poder no puede tapar los delitos
jueves, 24 de septiembre de 2009
Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora
http://www.primerahora.com/diario/noticia/otras_panorama/noticias/el_poder_no_puede_tapar_los_delitos/332746
Si se le da seguimiento y no la ponen a dormir, la investigación ordenada por Justicia contra un juez acusado de lanzar a su esposa al piso podría enviar el mensaje correcto de que nadie está al margen de la ley. Los que viven de ella tampoco.
La abogada y directora ejecutiva de Matria, Amárilis Pagán Jiménez, aplaudió que Antonio Sagardía refiriera a un FEI al juez superior de Humacao, Israel González Hernández.
“La impresión es de que si eres juez o policía se desatiende a la víctima, y en la práctica sabemos que hay casos de esposas de policías y esposas de abogados o hasta jueces que ni siquiera radican las querellas porque presumen que el sistema no las va a respaldar”, señaló Pagán Jiménez.
En la violencia doméstica dos de los elementos principales son el control y el poder, por lo que una figura que esté en una posición privilegiada en términos de jerarquía puede ejercer más dominio.
“Este caso hay que seguirlo de cerca porque si tiran sombras sobre el sistema van a desalentar a otras mujeres”, advirtió.
A pesar de las implicaciones del caso, no hubo respuesta en la Procuraduría de las Mujeres.
Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora
http://www.primerahora.com/diario/noticia/otras_panorama/noticias/el_poder_no_puede_tapar_los_delitos/332746
Si se le da seguimiento y no la ponen a dormir, la investigación ordenada por Justicia contra un juez acusado de lanzar a su esposa al piso podría enviar el mensaje correcto de que nadie está al margen de la ley. Los que viven de ella tampoco.
La abogada y directora ejecutiva de Matria, Amárilis Pagán Jiménez, aplaudió que Antonio Sagardía refiriera a un FEI al juez superior de Humacao, Israel González Hernández.
“La impresión es de que si eres juez o policía se desatiende a la víctima, y en la práctica sabemos que hay casos de esposas de policías y esposas de abogados o hasta jueces que ni siquiera radican las querellas porque presumen que el sistema no las va a respaldar”, señaló Pagán Jiménez.
En la violencia doméstica dos de los elementos principales son el control y el poder, por lo que una figura que esté en una posición privilegiada en términos de jerarquía puede ejercer más dominio.
“Este caso hay que seguirlo de cerca porque si tiran sombras sobre el sistema van a desalentar a otras mujeres”, advirtió.
A pesar de las implicaciones del caso, no hubo respuesta en la Procuraduría de las Mujeres.
23 de septiembre de 2009
Policía rechaza un curso de protocolo
miércoles, 23 de septiembre de 2009Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora
Atribuir a lo complicado de hacer cambios en la oferta académica el rechazo de la Policía a brindar un curso sobre el protocolo adecuado para atender a las víctimas de agresión sexual es una excusa poco válida que “demuestra la falta de interés en trabajar con el tema de manera efectiva”.
Amárilis Pagán, abogada y directora ejecutiva del proyecto Matria, se reafirmó en que los cursos para manejar los casos de agresión sexual deben ser obligatorios para los cadetes, tal como establece el proyecto de la Cámara discutido ayer por Héctor Torres Calderón, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
“Ésos son casos que no se pueden dejar al azar y, por la dinámica emocional que existe cuando una persona ha sido agredida sexualmente, no se le puede entrevistar como a una persona víctima de robo o de amenaza”, detalló Pagán, quien mencionó que muchas veces las víctimas encuentran su mayor escollo en el manejo del caso por parte de la Policía.
Para la representante novoprogresista Albita Rivera, los uniformados no han mostrado efectividad en el manejo de casos de agresión sexual.
“El trato que el policía le da a la víctima no es el correcto. Mi contestación es que no están siendo efectivos. Eso es un desastre”, expresó la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer y Equidad, quien especuló que la verdadera razón para el rechazo a la medida puede ser lo económico.
En la vista, cuyo único deponente fue Armengol Igartúa Vázquez en representación del superintendente José Figueroa Sancha, el ayudante mencionó que el currículo de grado asociado en Ciencias Policiales incluye un curso sobre el policía ante situaciones de crisis.
“Dicho curso de tres créditos y 45 horas de contacto está diseñado para proveer los conocimientos y estrategias básicas en el manejo de situaciones de crisis en general, incluyendo las víctimas de agresión sexual”, leyó Igartúa Vázquez.
Para Rivera, eso no es suficiente. “Yo quiero ver ese adiestramiento y de qué se componen esas míseras 45 horas”, manifestó la representante.
Sobre el supuesto riesgo que significaría para el Colegio Universitario de Justicia Criminal añadir el curso que, presuntamente, los obligaría a solicitar una enmienda a la licencia que otorga el Consejo de Educación Superior, Rivera señaló que los cambios se efectúan de acuerdo con las necesidades y las escuelas y las universidades hacen cambios en sus currículos.
Pagán fue incluso más lejos y observó que el peligro, si alguno, sería que no se revisara el currículo para atemperarlo a las nuevas realidades.
El Superintendente intentó explicar, ya al anochecer, que lo que quería establecer en su ponencia era que el Colegio Universitario de Justicia Criminal es autónomo.
La Junta la preside él.
24 de abril de 2009
Ya es hora de que el sistema de justicia rinda cuentas al país sobre la manera en que se manejan los casos de violencia doméstica
Comunicado de Prensa
Caguas, Puerto Rico, jueves, 23 de abril de 2009- “Desde el año 2005, las agencias de gobierno encargadas de implementar la Ley 54 admitieron que tenían brechas graves en sus protocolos de trabajo y se comprometieron a corregirlas para realizar un trabajo efectivo de prevención e intervención con la violencia doméstica. Ahora, en el 2009 y ante una nueva ola de asesinatos, es momento de que rindan cuentas al país y digan si cumplieron con ese compromiso”, expresó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria.
Según la organización, en el 2005 la Oficina de la Procuradora de las Mujeres publicó un informe sobre la implementación de la Ley 54 cuyo alcance incluía:
1. Una evaluación cualitativa y cuantitativa de los esfuerzos de cada uno de los componentes del Sistema de Justicia del E.L.A. para cumplir con la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) y un examen de los reglamentos internos de las distintas agencias relativos al manejo de estos casos.
2. Un análisis de las lagunas en la provisión de servicios de seguridad a las víctimas y en la verificación de la ejecución de las responsabilidades (accountability) a través de todo el proceso.
3. Recomendaciones para llenar dichas lagunas mediante revisión de procedimientos, protocolos, entrenamientos y cualquier otra acción afirmativa.
4. Una evaluación y recomendaciones sobre el funcionamiento de las redes y de las necesidades de comunicación e información entre los componentes del Sistema de Justicia.
5. Evaluación y recomendaciones sobre las estructuras, los equipos y los procedimientos necesarios para establecer sistema de exploración (rastreo) para aquellos componentes del Sistema de Justicia a cargo de los casos de violencia doméstica.
La elaboración de esa investigación, informe y recomendaciones contó con la participación de todas las agencias de gobierno involucradas en la implementación de la Ley 54 y representantes de organizaciones de mujeres especializadas en el tema de violencia doméstica. Durante casi dos años, se evaluaron no sólo los protocolos y leyes, sino las actitudes y conocimientos sobre el tema de las personas encargadas de implementar la Ley 54: policías, jueces y fiscales.
“En aquel momento, las organizaciones que participamos de la investigación como parte del Comité Asesor, señalamos tres grandes áreas de preocupación”, explicó Pagán. Dichas áreas son las siguientes:
1. Problemas de actitud y/o desconocimiento de la problemática de la violencia doméstica en las/os funcionarias/os a cargo de implementar la Ley y cómo deben atenderla
2. Falta de recursos para atender adecuadamente y manejar el volumen de casos de violencia doméstica que a diario son reportados a la Policía
3. Falta de procesos claros y efectivos para procesar los casos y evitar:
a. la revictimización de las mujeres,
b. la pérdida de información o evidencia vital para lograr la convicción de los agresores, y
c. proteger a las víctimas durante el proceso
Las organizaciones concluyeron en aquel momento que:
1. La falta de recursos no parece ser la causa de que no se procesen adecuadamente los casos de violencia doméstica, es más bien uno de los elementos que evidencia y hace posible diagnosticar los problemas de las actitudes de los/las funcionarios/as del Sistema y la perspectiva institucional existente ante el grave problema de la violencia doméstica en nuestro país.
2. Entre los/las funcionarios/as encargados/as de implementar la Ley 54 existen actitudes negativas basadas en:
a. prejuicios
b. visiones machistas
c. desconocimiento de la dinámica de la violencia doméstica y cómo deben atenderla.
3. Faltan procesos claros y efectivos para:
a. procesar los casos,
b. evitar la revictimización de las mujeres, y
c. evitar la pérdida de información o evidencia vital para lograr la convicción de los agresores y proteger a las víctimas/sobrevivientes durante el proceso.
“Lo que resulta lamentable, es que cuatro años más tarde estemos en el mismo punto y tengamos que escuchar al Superintendente de la Policía decir que cuando una mujer no quiere continuar un trámite de Ley 54 el caso se termina o que un juez no emitió una orden protección a pesar de que el agresor tenía historial de Ley 54” agregó Pagán. Según ésta, si los casos de Ley 54 se investigaran adecuadamente y se recopilara la evidencia de manera rápida y responsable, los mismos podrían atenderse en el sistema de justicia con mucha más eficacia. La abogada opinó que ya es hora de exigir a las agencias de gobierno que rindan cuentas e instó a la ciudadanía a asumir posturas más críticas sobre el sistema y menos juzgadoras sobre las víctimas. “Tenemos que trascender la cultura del morbo y asumir responsabilidad colectiva ante esta situación.” concluyó.
Caguas, Puerto Rico, jueves, 23 de abril de 2009- “Desde el año 2005, las agencias de gobierno encargadas de implementar la Ley 54 admitieron que tenían brechas graves en sus protocolos de trabajo y se comprometieron a corregirlas para realizar un trabajo efectivo de prevención e intervención con la violencia doméstica. Ahora, en el 2009 y ante una nueva ola de asesinatos, es momento de que rindan cuentas al país y digan si cumplieron con ese compromiso”, expresó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria.
Según la organización, en el 2005 la Oficina de la Procuradora de las Mujeres publicó un informe sobre la implementación de la Ley 54 cuyo alcance incluía:
1. Una evaluación cualitativa y cuantitativa de los esfuerzos de cada uno de los componentes del Sistema de Justicia del E.L.A. para cumplir con la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) y un examen de los reglamentos internos de las distintas agencias relativos al manejo de estos casos.
2. Un análisis de las lagunas en la provisión de servicios de seguridad a las víctimas y en la verificación de la ejecución de las responsabilidades (accountability) a través de todo el proceso.
3. Recomendaciones para llenar dichas lagunas mediante revisión de procedimientos, protocolos, entrenamientos y cualquier otra acción afirmativa.
4. Una evaluación y recomendaciones sobre el funcionamiento de las redes y de las necesidades de comunicación e información entre los componentes del Sistema de Justicia.
5. Evaluación y recomendaciones sobre las estructuras, los equipos y los procedimientos necesarios para establecer sistema de exploración (rastreo) para aquellos componentes del Sistema de Justicia a cargo de los casos de violencia doméstica.
La elaboración de esa investigación, informe y recomendaciones contó con la participación de todas las agencias de gobierno involucradas en la implementación de la Ley 54 y representantes de organizaciones de mujeres especializadas en el tema de violencia doméstica. Durante casi dos años, se evaluaron no sólo los protocolos y leyes, sino las actitudes y conocimientos sobre el tema de las personas encargadas de implementar la Ley 54: policías, jueces y fiscales.
“En aquel momento, las organizaciones que participamos de la investigación como parte del Comité Asesor, señalamos tres grandes áreas de preocupación”, explicó Pagán. Dichas áreas son las siguientes:
1. Problemas de actitud y/o desconocimiento de la problemática de la violencia doméstica en las/os funcionarias/os a cargo de implementar la Ley y cómo deben atenderla
2. Falta de recursos para atender adecuadamente y manejar el volumen de casos de violencia doméstica que a diario son reportados a la Policía
3. Falta de procesos claros y efectivos para procesar los casos y evitar:
a. la revictimización de las mujeres,
b. la pérdida de información o evidencia vital para lograr la convicción de los agresores, y
c. proteger a las víctimas durante el proceso
Las organizaciones concluyeron en aquel momento que:
1. La falta de recursos no parece ser la causa de que no se procesen adecuadamente los casos de violencia doméstica, es más bien uno de los elementos que evidencia y hace posible diagnosticar los problemas de las actitudes de los/las funcionarios/as del Sistema y la perspectiva institucional existente ante el grave problema de la violencia doméstica en nuestro país.
2. Entre los/las funcionarios/as encargados/as de implementar la Ley 54 existen actitudes negativas basadas en:
a. prejuicios
b. visiones machistas
c. desconocimiento de la dinámica de la violencia doméstica y cómo deben atenderla.
3. Faltan procesos claros y efectivos para:
a. procesar los casos,
b. evitar la revictimización de las mujeres, y
c. evitar la pérdida de información o evidencia vital para lograr la convicción de los agresores y proteger a las víctimas/sobrevivientes durante el proceso.
“Lo que resulta lamentable, es que cuatro años más tarde estemos en el mismo punto y tengamos que escuchar al Superintendente de la Policía decir que cuando una mujer no quiere continuar un trámite de Ley 54 el caso se termina o que un juez no emitió una orden protección a pesar de que el agresor tenía historial de Ley 54” agregó Pagán. Según ésta, si los casos de Ley 54 se investigaran adecuadamente y se recopilara la evidencia de manera rápida y responsable, los mismos podrían atenderse en el sistema de justicia con mucha más eficacia. La abogada opinó que ya es hora de exigir a las agencias de gobierno que rindan cuentas e instó a la ciudadanía a asumir posturas más críticas sobre el sistema y menos juzgadoras sobre las víctimas. “Tenemos que trascender la cultura del morbo y asumir responsabilidad colectiva ante esta situación.” concluyó.
26 de agosto de 2008
Limpia de una vida de maltrato
Reportaje en Primera Hora/ 26 de agosto de 2008
Por: Arys L. Rodríguez Andino
Foto: David Villafañe
A los cuatro meses de haberse casado, Ramonita Cotto ya sabía lo que era el puño de su marido. Durante 17 años su tiempo no fue suyo, era de su esposo. Ahora ella no solamente controla su reloj, sino su compañía.
Con un micropréstamo de $1,500 que obtuvo a través de la organización Matria, la mujer de 38 años empezó Ejecutivas de la Limpieza, una empresa que se dedica al aseo de casas y oficinas y que le ha devuelto a Ramonita la fe en sus capacidades.
Como tenía experiencia en la limpieza de hogares, la sobreviviente de violencia doméstica pensó que sería un área en la que se sentiría cómoda. Y no se equivocó. Agarró los chavos, estiró el peso, compró su primer equipo de aseo, reclutó a cinco muchachas y repartió hojas de promoción.
Para hacerse de sus primeros clientes se comunicó con personas a quienes les había limpiado las casas y estableció los estándares de calidad que había aprendido en otra compañía, más añadió los suyos.
“Corregí en la mía (su compañía) lo que veía mal en la otra”, dijo Ramonita, quien tiene claro que es mejor tener 30 clientes de $60 que cuatro de $100.
“Las quejas de mis clientes y de mis empleadas son igual de importantes”, dijo la mujer, a quien no le gusta atar a los clientes a un contrato. “Es abierto para mí como empresaria y para ellos como clientes”, manifestó, y destacó que eso le da la flexibilidad de cancelar el acuerdo “si la paz de una de las muchachas está en juego” .
Estricta con la calidad del trabajo, Ramonita es de las que se tiran debajo de la cama y revisan “las orillitas de las puertas de los clósets”. Y es que su trabajo está garantizado.
“Los clientes se aseguran de que la casa quede limpia porque les garantizamos que si queda algo sucio volvemos sin cobrarle”, manifestó.
Consciente del estigma negativo y del poco valor que se le puede llegar a dar al trabajo doméstico, Ramonita destacó que es una labor como cualquier otra. “Es un trabajo que le hace el trabajo a otra persona que no tiene el tiempo para hacerlo. Es bien rico llegar a la casa y encontrarla limpia”, observó.
De la misma manera en que ha recibido ayuda, así la ha reciprocado hacia otras mujeres. A las empleadas que no tienen medio de transportación, las lleva hasta las residencias que tienen que limpiar, aunque en un futuro espera que la compañía tenga su propio vehículo.
Para desarrollar la capacidad de liderazgo, Ramonita les pide a sus empleadas que se supervisen entre ellas mismas. “La que pasa mapo vela a la que hace el trabajo seco”, explicó, al tiempo que aclaró que, aunque ahora se dedica más a la supervisión, en ocasiones se quita los tacos, se pone la camiseta y empieza a limpiar.
Aunque las heridas de sus años en una relación de violencia no se borran, Ramonita está feliz de la vida que lleva y del esposo que tiene ahora, un hombre que la respalda y habla orgulloso de su “esposa empresaria”. Contrario al primero, que la monitoreaba por teléfono y la ponía nerviosa con tantas llamadas, con el de ahora está “disfrutando la juventud”.
Ahora está tan feliz que ni le importó cuando el ex esposo dijo, al verla en el periódico como nueva empresaria, que las “bofetás” le habían “venido bien”.
Su vida, al igual que las casas que están a su cargo, tiene un antes y un después. Y eso a ella le encanta.
http://www.primerahora.com/noticia/otras_panorama/noticias/limpia_de_una_vida_de_maltrato/223310
14 de abril de 2008
Un sistema que aún necesita ajustes
Comentario Hoy en Las Noticias/ 14 de abril de 2008
Lcda. Amárilis Pagán Jiménez
La muerte de Aida Otero Cuevas, la más reciente víctima de violencia doméstica en el país, nos obliga a mantenernos alertas ante las señales de peligro y a mirar con ojos críticos nuestro sistema de justicia. Este caso pone de manifiesto la necesidad de que se implemente adecuadamente la Ley 54 de Violencia Doméstica y que se apoyen los esfuerzos de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en esa dirección.
Proyecto Matria fue parte del comité asesor que en los años 2004 y 2005 apoyó un estudio realizado por dicha oficina para evaluar la implementación de la Ley 54. Entre los hallazgos relevantes en ese estudio, las organizaciones que participamos del mismo y contribuimos al informe identificamos tres áreas principales: Problemas de actitud de los funcionarios ante el tema, falta de recursos para atender el volumen de casos reportados y la falta de procesos claros y efectivos en los cuales la mujer que atraviesa la situación de violencia doméstica sea protegida y no revictimizada.
Ese comité asesor, en el cual hubo representantes de Justicia, Tribunales, Policía y Familia, además de las organizaciones de mujeres, hizo recomendaciones concretas para lograr una integración efectiva de esfuerzos y capacitar al personal de las agencias a cargo de implementar la Ley 54. La OPM dio seguimiento a esos hallazgos y desde el sector de las ONGs también hemos sido consistentes en exigir que se atiendan adecuadamente a las mujeres. Aún así, un problema de tal magnitud, requiere consistencia y la inversión de fondos que pongan a disposición del sistema de justicia y de la Procuraduría las herramientas necesarias para ser efectivos.
Por último, el ascenso en muertes de mujeres durante este año debe considerarse como un punto a favor de que se agilice la confirmación de la Procuradora de las Mujeres, Marta A. Mercado Sierra, quien fue nombrada en enero pasado y espera por la confirmación del Senado. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) ha hecho un trabajo efectivo para que la Ley 54 se implemente adecuadamente, a pesar de que cuenta con un presupuesto limitado. Ninguna otra agencia de gobierno ha demostrado tener la capacidad de evaluar los servicios a mujeres como lo ha hecho la Oficina de la Procuradora, la cual además tiene el poder legal de investigar casos como el de esta semana y adjudicar responsabilidades. Años atrás, la norma era que jueces y fiscales desatendieran las querellas. Hoy, este caso lamentable nos recuerda que no podemos bajar la guardia y que aún queda un trabajo importante por hacer. Una muerte es demasiado. Las organizaciones estamos alertas y dispuestas a dar la milla extra para detener las muertes de mujeres. Le pedimos al resto del país que también se una a nosotras.
No quiero cerrar este comentario sin decir, que las organizaciones esperamos que el Senado nos apoye- a la brevedad posible- con la confirmación de la Procuradora de las Mujeres y permita que el trabajo de OPM siga realizándose.
Escuche el comentario en http://www.radiouniversidad.pr/audio/ANAL%2014ABR2008.mp3
Lcda. Amárilis Pagán Jiménez
La muerte de Aida Otero Cuevas, la más reciente víctima de violencia doméstica en el país, nos obliga a mantenernos alertas ante las señales de peligro y a mirar con ojos críticos nuestro sistema de justicia. Este caso pone de manifiesto la necesidad de que se implemente adecuadamente la Ley 54 de Violencia Doméstica y que se apoyen los esfuerzos de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en esa dirección.
Proyecto Matria fue parte del comité asesor que en los años 2004 y 2005 apoyó un estudio realizado por dicha oficina para evaluar la implementación de la Ley 54. Entre los hallazgos relevantes en ese estudio, las organizaciones que participamos del mismo y contribuimos al informe identificamos tres áreas principales: Problemas de actitud de los funcionarios ante el tema, falta de recursos para atender el volumen de casos reportados y la falta de procesos claros y efectivos en los cuales la mujer que atraviesa la situación de violencia doméstica sea protegida y no revictimizada.
Ese comité asesor, en el cual hubo representantes de Justicia, Tribunales, Policía y Familia, además de las organizaciones de mujeres, hizo recomendaciones concretas para lograr una integración efectiva de esfuerzos y capacitar al personal de las agencias a cargo de implementar la Ley 54. La OPM dio seguimiento a esos hallazgos y desde el sector de las ONGs también hemos sido consistentes en exigir que se atiendan adecuadamente a las mujeres. Aún así, un problema de tal magnitud, requiere consistencia y la inversión de fondos que pongan a disposición del sistema de justicia y de la Procuraduría las herramientas necesarias para ser efectivos.
Por último, el ascenso en muertes de mujeres durante este año debe considerarse como un punto a favor de que se agilice la confirmación de la Procuradora de las Mujeres, Marta A. Mercado Sierra, quien fue nombrada en enero pasado y espera por la confirmación del Senado. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) ha hecho un trabajo efectivo para que la Ley 54 se implemente adecuadamente, a pesar de que cuenta con un presupuesto limitado. Ninguna otra agencia de gobierno ha demostrado tener la capacidad de evaluar los servicios a mujeres como lo ha hecho la Oficina de la Procuradora, la cual además tiene el poder legal de investigar casos como el de esta semana y adjudicar responsabilidades. Años atrás, la norma era que jueces y fiscales desatendieran las querellas. Hoy, este caso lamentable nos recuerda que no podemos bajar la guardia y que aún queda un trabajo importante por hacer. Una muerte es demasiado. Las organizaciones estamos alertas y dispuestas a dar la milla extra para detener las muertes de mujeres. Le pedimos al resto del país que también se una a nosotras.
No quiero cerrar este comentario sin decir, que las organizaciones esperamos que el Senado nos apoye- a la brevedad posible- con la confirmación de la Procuradora de las Mujeres y permita que el trabajo de OPM siga realizándose.
Escuche el comentario en http://www.radiouniversidad.pr/audio/ANAL%2014ABR2008.mp3
7 de abril de 2008
Prevenible la violencia entre parejas
Ciudadana Periodista/ El Nuevo Día
6 de abril de 2008
Por Yesenia Delgado Castillo / Profesional de ayuda del Proyecto Matria
La violencia en relaciones de pareja es prevenible. Pero para ello, debe existir un esfuerzo comunitario concertado que permita a las mujeres identificar a tiempo los indicadores de violencia y los recursos que necesitan para garantizar su seguridad y la de sus hijas e hijos. Más allá de mirar la violencia doméstica como un problema individual, se debe ver y tratar desde una perspectiva que considere, entre otros elementos, la opinión de las mujeres que la sufren. Ellas no son sujetos pasivos a los que hay que “salvar”, sino seres humanos que en el proceso de sobrevivir la violencia desarrollan la capacidad de luchar por su bienestar y hacerse solidarias con otras mujeres. Es el caso de la entrevistada, que no será identificada. Ella es una sobreviviente de violencia doméstica, que ha sobrellevado su situación gracias a los servicios del Proyecto Matria.
“En mi caso fue violencia psicológica. Me maltrataba con palabras, me hacía sentir mal con mi físico, con mi inteligencia y, al momento de querer dejarlo, me amenazaba con que me iba a quitar a mi hija”.
¿Cómo saliste de la situación?
“Fue en un momento en que tuve la oportunidad de tener la llave de él y mi llave, que él no podía entrar a la casa y aproveché la oportunidad”.
¿Qué te hizo tomar la decisión?
“El no querer que mi hija creciera en esa situación y el entender que yo era una mujer que valía mucho y él no me estaba valorando”.
“El no querer que mi hija creciera en esa situación y el entender que yo era una mujer que valía mucho y él no me estaba valorando”.
¿Qué opinas sobre la situación de violencia doméstica que hay actualmente en el País?
“Hay que darle seguimiento (al tema) con apoyo del gobierno, en campañas publicitarias. A las mujeres hay que darles a entender que se puede salir de eso”.
“Hay que darle seguimiento (al tema) con apoyo del gobierno, en campañas publicitarias. A las mujeres hay que darles a entender que se puede salir de eso”.
En términos de recursos, indicó que los talleres de apoderamiento que ha recibido marcaron una diferencia en su proceso “porque eso te hace entender lo que puedes hacer con tu vida”. Esto concuerda con estudios que demuestran que a mayor capacidad de las mujeres para desarrollarse económica y socialmente, menor el riesgo de que sean víctimas fatales de la violencia doméstica.
También, precisó que se deben ofrecer talleres comunitarios que expongan “todas las situaciones de violencia doméstica y cuáles son los diferentes tipos de maltrato para que las personas vean que no todo el tiempo es que te peguen”. Además, enfatizó que es importante ayudar a que las personas aprendan a identificar los agresores, un esfuerzo que también destaca la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
La entrevistada recibió ayuda de agencias como el Departamento de Justicia y de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que la refirió a Proyecto Matria. En su proceso logró apoyo para su apoderamiento, servicios psicológicos y apoyo en el proceso judicial. Esta mujer está consciente de la importancia del refuerzo entre pares, por lo que aconsejó a otras mujeres que sufren de violencia doméstica que cuiden su vida y la vida de sus hijos.
“Tú vales y tú sola puedes hacerlo. Si no, busca ayuda, que existe”, concluyó.
6 de marzo de 2008
Marchas de duelo
Comentario radial
Hoy en Las Noticias/ 6 de marzo de 2008
Radio Universidad de PR
Esta semana se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. A sólo días de esa fecha, organizaciones y agencias de toda la Isla nos reunimos en distintos puntos del país para realizar unas marchas singulares: marchas de duelo por la muerte de las mujeres que fueron asesinadas en los primeros dos meses del año. Nos reunimos para recordarlas y para nombrarlas. También para afirmar su derecho a la vida a pesar de que ésta les fue arrebatada violentamente. Las recordamos y afirmamos su derecho, y el derecho de toda mujer, a vivir en paz. Las recordamos y manifestamos nuestra indignación ante actos que van en contra de los más elementales derechos y principios de justicia y paz.
Cada nombre de estas mujeres muertas representa a su vez a miles de mujeres que todavía hoy, en marzo de 2008, viven en riesgo de ser asesinadas, de ser golpeadas, agredidas sexualmente y excluidas de su pleno desarrollo humano. Esta exclusión, este asedio mortal tiene su origen en la desigualdad que nos acompaña en tantas instancias de nuestras vidas y que a veces nos negamos a ver o a aceptar.
Este próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estamos obligadas a mirar a las mujeres de nuestro entorno con una mirada consciente. Una mirada que nos haga cuestionarnos si lo que vemos en ella, en sus circunstancias, en su pobreza, en su agotamiento, en su falta de acceso a servicios de salud o de vivienda está relacionado con su género. Créanme que veremos muchas cosas desde una nueva perspectiva. Y esa perspectiva de género nos obliga a asumir posturas ante las cosas que suceden en el país con la consciencia de que nuestras denuncias serán las únicas que harán reflexionar a otras y otros, nuestra constancia y esfuerzo los únicos que nos traerán paz y nuestras acciones serán las únicas que nos traerán justicia.
Actuar desde una conciencia de equidad es un primer paso para que las personas en nuestro entorno también actúen con equidad. Las mujeres que integramos el Movimiento Amplio de Mujeres sabemos perfectamente que el trabajo no se ha terminado y que nuestros logros son parte de una cadena de solidaridades que aún se está eslabonando. Cada mes de marzo es inevitable pensar en los logros y en los retos. Este mes de marzo también se nos hizo inevitable llorar las pérdidas de mujeres a manos de la violencia. Cada una amerita ser recordada, cada una deja tras de sí un dolor real e intenso en sus familias y comunidades. Ya no queremos llorar más. No queremos marchar mes tras mes cargando a cuestas banderas violetas y nombres desencarnados. Ahora queremos sumar voluntades, abrir puertas y ventanas para las acciones conjuntas. Queremos ganarnos nuestro lugar en el país que habitamos y desde ese lugar, disfrutar del acceso a nuestros derechos más elementales, pero también a los más elevados. Para un país y un mundo justo, tiene que haber justicia para nosotras las mujeres.
Pueden acceder el audio en:
http://www.radiouniversidad.pr/audio/ANAL%2006MAR2008.mp3
Hoy en Las Noticias/ 6 de marzo de 2008
Radio Universidad de PR
Esta semana se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. A sólo días de esa fecha, organizaciones y agencias de toda la Isla nos reunimos en distintos puntos del país para realizar unas marchas singulares: marchas de duelo por la muerte de las mujeres que fueron asesinadas en los primeros dos meses del año. Nos reunimos para recordarlas y para nombrarlas. También para afirmar su derecho a la vida a pesar de que ésta les fue arrebatada violentamente. Las recordamos y afirmamos su derecho, y el derecho de toda mujer, a vivir en paz. Las recordamos y manifestamos nuestra indignación ante actos que van en contra de los más elementales derechos y principios de justicia y paz.
Cada nombre de estas mujeres muertas representa a su vez a miles de mujeres que todavía hoy, en marzo de 2008, viven en riesgo de ser asesinadas, de ser golpeadas, agredidas sexualmente y excluidas de su pleno desarrollo humano. Esta exclusión, este asedio mortal tiene su origen en la desigualdad que nos acompaña en tantas instancias de nuestras vidas y que a veces nos negamos a ver o a aceptar.
Este próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estamos obligadas a mirar a las mujeres de nuestro entorno con una mirada consciente. Una mirada que nos haga cuestionarnos si lo que vemos en ella, en sus circunstancias, en su pobreza, en su agotamiento, en su falta de acceso a servicios de salud o de vivienda está relacionado con su género. Créanme que veremos muchas cosas desde una nueva perspectiva. Y esa perspectiva de género nos obliga a asumir posturas ante las cosas que suceden en el país con la consciencia de que nuestras denuncias serán las únicas que harán reflexionar a otras y otros, nuestra constancia y esfuerzo los únicos que nos traerán paz y nuestras acciones serán las únicas que nos traerán justicia.
Actuar desde una conciencia de equidad es un primer paso para que las personas en nuestro entorno también actúen con equidad. Las mujeres que integramos el Movimiento Amplio de Mujeres sabemos perfectamente que el trabajo no se ha terminado y que nuestros logros son parte de una cadena de solidaridades que aún se está eslabonando. Cada mes de marzo es inevitable pensar en los logros y en los retos. Este mes de marzo también se nos hizo inevitable llorar las pérdidas de mujeres a manos de la violencia. Cada una amerita ser recordada, cada una deja tras de sí un dolor real e intenso en sus familias y comunidades. Ya no queremos llorar más. No queremos marchar mes tras mes cargando a cuestas banderas violetas y nombres desencarnados. Ahora queremos sumar voluntades, abrir puertas y ventanas para las acciones conjuntas. Queremos ganarnos nuestro lugar en el país que habitamos y desde ese lugar, disfrutar del acceso a nuestros derechos más elementales, pero también a los más elevados. Para un país y un mundo justo, tiene que haber justicia para nosotras las mujeres.
Pueden acceder el audio en:
http://www.radiouniversidad.pr/audio/ANAL%2006MAR2008.mp3
22 de febrero de 2008
¡El amor no mata; el machismo sí!
El 15 de febrero el equipo de Matria se dio cita en los cines de Dorado, Río Hondo, Mayagüez, POnce Towncenter y Las Catalinas para apoyar la campaña conjunta de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres que tiene como meta detener el aumento de muertes de mujeres a manos de sus ex-compañeros. Esa noche distribuimos material educativo que permitirá al público identificar indicadores de violencia doméstica y de letalidad. También el material incluyó información sobre lugares en los cuales es posible buscar ayuda. ¡Detengamos los feminicidios! Ni una mujer muerta más.
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